El Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene su negativa a reconocer a los guardias civiles como profesión de riesgo al considerar que el instituto armado tiene naturaleza militar, una interpretación que, según asociaciones profesionales contrasta con la exposición continuada de los agentes a situaciones de elevada peligrosidad en operaciones contra el narcotráfico en el Estrecho.
La posición del Gobierno implica que los agentes no puedan acogerse a los coeficientes reductores que permiten la jubilación anticipada sin penalización y que ya se aplican en otros sectores considerados de especial riesgo, como la minería, la aviación o el transporte ferroviario. Según publica The Objective fuentes del entorno de la Guardia Civil sostienen que la exclusión se fundamenta en la condición militar del cuerpo, pese a que, en la práctica, los agentes no disponen de determinados recursos operativos asociados a las Fuerzas Armadas.
Entre esos medios figura el uso de armas largas en determinadas operaciones en el Estrecho, así como el eventual despliegue de capacidades tecnológicas del Ejército del Aire. España dispone actualmente de cuatro drones MQ-9 Reaper, operados por el Ala 23 desde la Base Aérea de Talavera la Real, concebidos para tareas de vigilancia y seguridad en áreas estratégicas como el Estrecho de Gibraltar y aguas próximas a Canarias.
Los aparatos participaron el pasado año en su primera misión operativa en el Mediterráneo occidental dentro de la operación Sea Guardian de la OTAN. Desde enero, además, el Ejército del Aire ha iniciado la integración del sistema SOAR en la flota de Predator B, dotando a estas aeronaves de capacidades de inteligencia electrónica y de comunicaciones. Según fuentes citadas por The Objective, ello permitiría interceptar señales de radio, localizar emisores y detectar patrones de transmisión utilizados por redes de narcotráfico.
Las asociaciones profesionales consideran que esas capacidades podrían reforzar las labores de vigilancia marítima y anticipar movimientos de embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas. También reclaman un incremento de efectivos en las comandancias de Cádiz, Algeciras y Huelva, donde estiman que serían necesarios centenares de agentes adicionales para responder al aumento de actividad de las organizaciones criminales.
