El Ayuntamiento de Madrid dirigido por José Luis Martínez-Almeida (PP) se dispone a pulverizar todos sus récords de recaudación por multas de tráfico en 2025. Según las proyecciones elaboradas a partir de los datos oficiales del propio Consistorio, los ingresos municipales por sanciones de circulación alcanzarán los 423 millones de euros, más del doble de los 208 millones que el Gobierno municipal incluyó en los presupuestos aprobados a finales del año pasado. La desviación asciende al 103%.
Las cifras proceden del Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid y de las estimaciones realizadas por la sociedad Dvuelta, especializada en recursos contra multas. Para esta entidad, el desfase entre lo presupuestado y lo que finalmente se recauda no admite lecturas benignas. «La magnitud de la diferencia permite hablar, sin exageración, de una auténtica fiscalidad encubierta a la que se somete a los conductores», señala.
En términos absolutos, el Consistorio ingresará 214 millones de euros más de lo que él mismo había previsto. Una desviación de tal calibre resulta difícil de explicar si no se asume que la maquinaria sancionadora se ha consolidado como un recurso estructural de financiación municipal, muy alejado de cualquier finalidad pedagógica o disuasoria.
El análisis de la recaudación mes a mes confirma que no se trata de un fenómeno puntual. Hasta junio de 2025, último dato disponible, el Ayuntamiento ya había ingresado 191,3 millones de euros en multas de tráfico, un 12% más que en el mismo periodo de 2024. Si el segundo semestre mantiene el comportamiento habitual de ejercicios anteriores —cuando la recaudación supera en torno a un 9% a la del primero—, el resultado final rebasa con holgura la barrera de los 400 millones.
La tendencia, además, viene de lejos. En 2024 el Consistorio ya superó en casi un 80% la previsión inicial incluida en sus presupuestos. La repetición y agravamiento del desfase en 2025 confirman que el sistema no responde a circunstancias coyunturales, sino a un modelo consolidado de extracción de renta del automovilista.
Con esta recaudación, Madrid se sitúa prácticamente al nivel de la Dirección General de Tráfico, que ingresó 539 millones de euros en todo el territorio nacional, con la excepción de Cataluña y el País Vasco, donde las competencias sancionadoras están transferidas. La comparación resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta que Madrid cuenta con dos millones de vehículos, frente a los 34 millones controlados por la DGT.
El papel clave de las Zonas de Bajas Emisiones
El fuerte incremento de la recaudación se explica en gran medida por las multas vinculadas a las Zonas de Bajas Emisiones, en especial por accesos indebidos de vehículos sin etiqueta ambiental o sin autorización. Paradójicamente, este auge convive con un creciente cuestionamiento judicial de estas sanciones.
Según las sentencias obtenidas por Dvuelta, los tribunales están anulando hasta el 98% de las multas relacionadas con las ZBE. El motivo principal es la deficiente señalización, que impide al conductor conocer con claridad que accede a un área restringida.
El portavoz de Dvuelta, Pedro Javaloyes, resume la situación con crudeza a La Razón. «Es difícil no hablar de codicia municipal cuando un Ayuntamiento presupuesta 208 millones y acaba recaudando más de 400 en multas en un solo año. Si la finalidad fuera disuasoria, el éxito se mediría en menos infracciones, no en récords históricos de facturación».
A su juicio, «lo que se ha consolidado es una fiscalidad paralela sobre el automóvil. No se debate como un impuesto, pero actúa exactamente igual. Grava de forma masiva y recurrente a quienes necesitan su vehículo para trabajar y desplazarse. El Ayuntamiento ha encontrado en las multas, y especialmente en las asociadas a las ZBE, una mina de oro que exprime sin rubor, incluso cuando los jueces anulan la inmensa mayoría de esas sanciones».
La desviación del 103% respecto a lo presupuestado pone en cuestión la transparencia y la honestidad de las previsiones municipales. Resulta difícil sostener que el Ayuntamiento desconocía la capacidad recaudatoria de su dispositivo sancionador cuando el ejercicio anterior ya había pulverizado sus propias estimaciones.
