El teatro entre los sindicatos izquierdistas UGT y CCOO y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha afectado a las subvenciones públicas que reciben dichas organizaciones. Desde el año 2020 —escasos meses después de que Ayuso llegara a la presidencia—, el sindicato CCOO ha obtenido más de 9,7 millones de euros del Ejecutivo regional (9.785.149,56 euros).
En lo que llevamos de 2024, la comunidad le ha entregado una subvención sin contraprestación de más de 1,8 millones. Esta vez alegando que aportaría en la elaboración del plan de prevención de riesgos laborales y acciones que contribuyan a la promoción del desarrollo económico y social de la Comunidad de Madrid en los años 2024 y 2025.
En total, han sido 16 las licitaciones a las que ha accedido el sindicato. La primera, el 2 de julio de 2020 —casi un año después de la investidura de Ayuso—. La partida fue de 1.510.195,00 euros, y la justificaron anunciando acciones para prevenir los riesgos laborales. Un año más tarde, CCOO se presentó a una nueva licitación exponiendo la misma necesidad: buscaban una mejora continua y
progresiva de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la reducción de los daños derivados de las condiciones de trabajo. Y es que quitando alguna excepción como la convocatoria para la financiación de planes de formación dirigidos a la capacitación de los agentes sociales o la supuesta realización de «actuaciones que contribuyan a la promoción del desarrollo económico y social de la Comunidad de Madrid«, la mayoría fueron por riesgos laborales.
El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, ha concedido 439.000,00 euros al mismo sindicato desde su llegada en junio de 2019.
Cambio sustancial con VOX en los gobiernos regionales
Muy distintos son los datos basándonos en las CCAA en las que VOX estuvo cogobernando junto al PP. En noviembre de 2023, el Ejecutivo de la Comunidad Valenciana que se eliminasen 243.000 euros de subvenciones del Ayuntamiento a sindicatos y patronal, lo que llevó a estas organizaciones a manifestarse.
En Castilla y León, Juan García-Gallardo señaló el despilfarro político como uno de los objetivos a combatir, llegando a eliminar hasta 20 millones en subvenciones que con gobierno del PP se habían mantenido para destinarlos a iniciativas como la de cheques-bebé para 7.500 familias.
El Gobierno de Aragón de la coalición PP-VOX congeló las partidas presupuestarias a las organizaciones empresariales y sindicatos en las cuentas de 2024. En Murcia, PP y VOX recortaron en 209.968 euros las subvenciones a la patronal CROEM y a los sindicatos UGT y CCOO en virtud del acuerdo de Presupuestos que han alcanzado ambos grupos parlamentarios. Por último, en Extremadura se consiguió reducir significativamente —un 10%— las subvenciones a los sindicatos de clase, para reinvertir ese dinero en políticas que «realmente los extremeños necesitan», según señalaron desde la formación de Santiago Abascal.
