El niño de 4 años agredido sexualmente en un centro público de Navarra por un inmigrante magrebí no debería haber sido ubicado en ese recurso residencial, según han reconocido responsables de los servicios sociales del Gobierno foral a la madre del menor durante una reunión mantenida el pasado 23 de enero.
El encuentro tuvo lugar después de que saliera a la luz el episodio ocurrido el 17 de enero en el centro Lagunetxea, situado en Mutilva, a escasos kilómetros de Pamplona y gestionado por la Fundación Amigó bajo la supervisión del Ejecutivo navarro que preside María Chivite. El caso está siendo investigado por la Fiscalía.
De acuerdo con la conversación a la que tuvo acceso este periódico, una representante del Servicio de Acogimiento Familiar —dependiente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas— admitió ante la madre que se podían haber hecho las cosas de otra manera». También llegó a reconocer que, por su corta edad, el menor no era candidato idóneo para vivir en un piso tutelado y que lo más adecuado sería su integración en una familia.
La mujer, de 30 años y con la patria potestad suspendida desde que la Administración declaró el desamparo del niño en diciembre de 2024, expresó durante la reunión su desacuerdo con la decisión de mantenerlo en una residencia con adolescentes mayores. «Es el más pequeño y no recibe la atención que necesita», recriminó, mostrando un fuerte malestar con la gestión del caso.
En un momento de tensión, la madre llegó a llamar «ineptos» a los responsables del sistema de protección. La funcionaria le pidió entonces moderar el tono, aunque aseguró comprender su enfado y afirmó que lo validaban. Según la conversación, la representante llegó a insistir en que «un niño de cuatro años no tiene que estar en un piso ni en una residencia», subrayando que su edad exige un entorno familiar.
Durante la reunión también se explicó que el servicio había explorado previamente la red sociofamiliar del menor y que se intentó localizar una familia de acogida antes de su ingreso en el centro. Sin embargo, no había hogares disponibles en ese momento, aunque —según trasladaron— la búsqueda continúa con el objetivo de sacarlo de la residencia.
Respecto a lo sucedido el día de la presunta agresión, la representante defendió la actuación del personal del centro, señalando que se adoptaron medidas «adecuadas dadas las circunstancias». Ese mismo 17 de enero, el menor fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra para una valoración médica.
La madre no fue informada hasta el día siguiente, cuando recibió un mensaje de WhatsApp en el que se le comunicaba que el niño estaba «muy bien, tranquilo y cuidado en todo momento». En ese aviso también se indicaba que el ingreso hospitalario había sido preventivo, motivado por unas verbalizaciones cuya naturaleza aconsejaba la intervención de profesionales especializados.
