El Gobierno de Navarra ha destinado hasta 931.188 euros sin IVA a un servicio público enfocado en la atención y orientación a inmigrantes ilegales, concebido como un recurso de referencia para personas extranjeras en sus primeros pasos dentro de la comunidad.
Este dispositivo no se limita a ofrecer información básica. Según avanza Navarra.com, la empresa adjudicataria debe encargarse de toda la gestión operativa: organización del servicio, planificación de citas, coordinación del equipo profesional, seguimiento de la actividad, elaboración de informes periódicos y análisis del grado de satisfacción tanto de usuarios como de trabajadores. También se exige la implantación de protocolos internos y la formación continua del personal.
Para su funcionamiento, la administración foral ha aportado además medios materiales propios. Se han habilitado dos sedes físicas, ubicadas en Pamplona y Tudela, y se asumen costes adicionales como suministros (luz, agua, telecomunicaciones) y servicios de interpretación telefónica en distintos idiomas, lo que incrementa el gasto más allá del contrato principal.
El sistema de financiación combina una parte fija y otra variable. La primera garantiza un volumen mínimo de 413 atenciones mensuales, mientras que la segunda depende de la demanda que supere ese umbral, con un tope que irá aumentando progresivamente: desde 550 consultas al mes en el arranque del servicio hasta 680 en el último año previsto.
El contrato, aprobado inicialmente para 2023, contempla prórrogas anuales hasta un máximo de cuatro ejercicios. El desglose económico refleja una evolución ascendente del gasto: más de 207.000 euros en el primer año, alrededor de 227.000 en 2024, cerca de 236.000 en 2025 y unos 259.000 euros previstos para 2026.
La finalidad principal de este recurso es acompañar y orientar en cuestiones clave del proceso migratorio, especialmente en las fases iniciales de acogida. Según la documentación, se diseñó para reforzar la red de atención existente y cubrir necesidades detectadas en este ámbito.
No obstante, este planteamiento se definió antes de que se abriera el debate sobre posibles procesos extraordinarios de regularización. Por ello, queda en el aire si la estructura y los recursos previstos serán suficientes ante un eventual incremento de solicitudes en los próximos años.
