En septiembre del año pasado, siete inmigrantes ilegales de nacionalidad argelina de entre 14 y 17 años llegaron a la playa de Platja d’en Bossa, en Ibiza, tras cruzar el Mediterráneo en una embarcación de recreo robada cerca de Argel. Los menas grabaron la travesía y la difundieron en redes sociales. Tras su llegada, fueron identificados por agentes de la Guardia Civil, fueron puestos bajo tutela del Consell Insular de Ibiza.
A petición expresa de sus familias, el 20 de octubre —un mes después—, durante una reunión bilateral en Argel, el ministro del Interior argelino, Saïd Sayoud, transmitió la solicitud de repatriación a su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska. Sayoud entregó «los dossiers e informaciones necesarias», incluidas las declaraciones de los padres y expresó su expectativa de recibir «una respuesta a la demanda argelina en un futuro próximo».
En un primer momento, la Fiscalía española abrió el expediente y lo calificó de «caso excepcional«. El ministro Marlaska anunció públicamente que se estaba tramitando la solicitud motivada por la reclamación formal de las familias. Sin embargo, el procedimiento no ha avanzado hacia su ejecución. En enero de este mismo año, fuentes judiciales confirmaron que la Fiscalía de Menores se opone a la devolución de los siete menores.
En febrero, el Govern balear recibió una respuesta del Gobierno central en la que se describía la repatriación como «un proceso lento». La consejera de Bienestar Social, Antònia Maria Estarellas, señaló que la Fiscalía de Menores se muestra contraria a estas repatriaciones. A fecha de abril, más de seis meses después de la petición oficial, no existe constancia pública de que los siete adolescentes hayan sido devueltos a Argelia, para sorpresa de numerosos medios que en el país magrebí se hacen eco de la oposición del Gobierno a la hora de repatriar a sus menas.
La legislación española en materia de extranjería contempla expresamente la posibilidad —e incluso la prioridad— de la repatriación de menores extranjeros no acompañados cuando existe reclamación familiar. El artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 (Ley de Extranjería) y su desarrollo en el Real Decreto 557/2011 establecen que la Administración debe resolver sobre el retorno al país de origen o al lugar donde se encuentren los familiares, previo informe de los servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal, siempre conforme al principio del interés superior del menor y con garantías de reagrupación familiar.
A pesar de este marco legal, fuentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF) de la Policía Nacional han reconocido a LA GACETA que desde hace ocho años el Gobierno ha dificultado de forma reiterada la repatriación de estos menores, incluso en casos con solicitud formal de países como Argelia. Esta actitud sistemática ha provocado que hayan dejado de presentar nuevas peticiones oficiales.
Esta situación no es nueva. Fiscales de distintas provincias han denunciado públicamente las dificultades para ejecutar repatriaciones viables. En un informe, la Fiscalía de Sevilla, a través de su coordinador de familia y protección de menores, Daniel Valpuesta, advirtió en el año 2018 que «ninguno de los cuatrocientos expedientes de repatriación abiertos había prosperado» y que los centros de menores se han convertido en «almacenes de niños» por falta de voluntad política para devolver a los menores con sus familias «con todas las garantías». Valpuesta recordó que “el objetivo del sistema de protección de menores es la reagrupación familiar”.
