El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene uno de los niveles más bajos de deportación de inmigrantes ilegales pese al elevado número de órdenes de expulsión dictadas por la Administración. En 2025, el Ejecutivo socialista ejecutó 3.398 expulsiones, a pesar de que 36.775 inmigrantes entraron ilegalmente en España y de que se dictaron 41.315 órdenes de expulsión entre enero y octubre.
Así consta en una respuesta parlamentaria que publica The Objective, y que vuelve a poner el foco en el escaso cumplimiento de la política de expulsiones del Gobierno de Sánchez.
En 2021 se ejecutaron 2.025 expulsiones, en 2022 fueron 2.627, en 2023 se alcanzaron 3.090, mientras que en 2024 se produjo un leve descenso hasta las 3.031. Sin embargo, estas cifras siguen muy lejos de las registradas antes de la pandemia y del propio mandato socialista anterior. En 2019, España expulsó a 4.677 inmigrantes, y en 2016, hace casi una década, se alcanzaron las 5.051 deportaciones,.
Pese al repunte registrado, España se sitúa muy por debajo de la media de la Unión Europea, con un nivel de ejecución inferior al 8% de las órdenes emitidas, frente al 25%–30% que registran de media los países comunitarios.
La respuesta parlamentaria detalla además las expulsiones por provincias. Madrid lidera el listado con 788 deportaciones, seguida de Barcelona (327) y Málaga (169). Especialmente llamativa es la caída en Ceuta, donde se pasó de 172 expulsiones en 2019 a solo cuatro el año pasado, las mismas que en Melilla, frente a las 214 ejecutadas allí antes de la pandemia.
Según el Real Decreto 240/2007, las decisiones de expulsión corresponden a la Administración General del Estado, a través de los delegados y subdelegados del Gobierno. En la práctica, la mayoría de las órdenes quedan sin efecto.
