El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley que amplía el derecho de rectificación más allá de los medios de comunicación tradicionales. La normativa afectará ahora también a los usuarios relevantes de redes sociales, aquellos que cuenten con más de 100.000 seguidores en una plataforma o 200.000 en total entre todas sus cuentas.
Según ha explicado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, la medida busca «promover una mayor calidad en el debate público». Con esta ley, cualquier usuario que difunda informaciones consideradas falsas o bulos podrá ser llevado ante un juez para rectificar sus publicaciones en plazos breves, de manera gratuita y en los términos íntegros establecidos por la normativa.
El nuevo texto legal también prevé que el derecho de rectificación pueda ser ejercido por familiares cercanos en nombre de ciudadanos que hayan fallecido y que hayan sido objeto de informaciones falsas, tanto en vida como después de su muerte.
La ley establece en su artículo 2 que la notificación deberá enviarse al medio de comunicación o a la plataforma en línea, mientras que el artículo 3 regula cómo deberá realizarse la publicación de la rectificación. Bolaños ha subrayado que este proceso incluirá especificaciones adaptadas a los entornos digitales, pero también a los medios tradicionales.
La iniciativa ha generado controversia por el alcance de su aplicación, que ahora involucra directamente a ciudadanos particulares con una alta presencia en redes sociales. Críticos señalan que esta medida amplía el control del Gobierno sobre la información, al tiempo que podría tener un impacto sobre la libertad de expresión de usuarios en plataformas como Twitter, Facebook, Telegram e Instagram.
Esta ofensiva gubernamental contra los supuestos «bulos» se remonta a abril de este año, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denunció un clima de «acoso mediático» tras la publicación de informaciones sobre Begoña Gómez, actualmente imputada por varios delitos.
En caso de que un medio, usuario o plataforma no cumpla con el derecho a rectificación, la normativa contempla un procedimiento judicial específico, que permite exigir la corrección en los términos definidos por la ley.
Con esta regulación, el Gobierno pretende afianzar un control más estricto sobre la difusión de contenidos que considera engañosos, ampliando así las herramientas legales para combatir la desinformación tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales.
