Begoña Gómez grabó un podcast sobre captación de fondos en los estudios de RNE dos meses después de que Pedro Sánchez asumiese la presidencia tras ganar la moción de censura. Allí, la seguridad del Palacio de La Moncloa bloqueó temporalmente el acceso a una planta del edificio donde se encuentran los estudios de grabación, incidente que ha salido a la luz recientemente y está siendo investigado en relación con posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción, en una instrucción que lidera el juez Juan Carlos Peinado.
Los hechos ocurrieron en el complejo de Prado del Rey, donde dos vehículos oficiales con cristales oscuros transportaron a Gómez y su equipo. A su llegada, la escoltaron hasta el edificio de la Casa de la Radio, donde la directora de Radio Nacional, Paloma Zurriaga, la recibió junto a altos cargos de RTVE y personal de seguridad. Aunque los empleados no fueron informados previamente, se vieron afectados por el cierre inesperado de la planta. «No se nos avisó, simplemente se bloqueó el acceso por razones de seguridad», comentó un trabajador que tuvo que aplazar sus tareas durante toda la mañana.
En el interior de uno de los estudios de la segunda planta, Gómez estuvo varias horas grabando un programa relacionado con la recaudación de fondos y los métodos innovadores utilizados por las ONG. Estas mismas áreas de conocimiento se vinculan a la cátedra extraordinaria que, tiempo después, Begoña Gómez consiguió en la Universidad Complutense de Madrid. Este aspecto ha suscitado aún más preguntas sobre si el uso de los recursos públicos, como la grabación en RTVE, influyó de alguna manera en la obtención de dicha cátedra, según ha revelado el diario El Debate.
El periodista Miguel Ángel Oliver, quien en ese momento ocupaba el puesto de secretario de Estado de Comunicación, también acompañó a Begoña Gómez en este acto, junto a tres funcionarios adicionales. Algunos trabajadores de RTVE describen la escena como «surrealista», ya que la grabación interrumpió sus jornadas sin previo aviso. Este episodio, hasta ahora desconocido, se une a la serie de eventos bajo la lupa judicial que investigan la posible corrupción en los negocios y el tráfico de influencias dentro del entorno gubernamental de Sánchez.