El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó hace ya más de un año condicionar las ayudas estatales a la puesta en marcha de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) a través del Real Decreto-ley de 28 de enero de 2024. Lo que no dijo entonces es que se trataba de una medida ideológica, alejada de cualquier imposición real por parte de Bruselas.
El origen de esta ofensiva contra la libertad de circulación se remonta a 2021, cuando el Gobierno decidió imponer la creación de estas zonas en todos los municipios de más de 50.000 habitantes. Aunque la medida era abiertamente impopular, Sánchez y su equipo trataron de disfrazarla como una exigencia de la Unión Europea para mejorar la calidad del aire. Sin embargo, pronto se descubrió que Bruselas no obligaba a nada.
Una excusa medioambiental para imponer el control
La Comisión Europea se limitó a animar a los Estados a vigilar la evolución de la calidad del aire, marcando un calendario de evaluaciones. De hecho, el primer control está previsto para 2027. Aun así, el Gobierno de Sánchez se aferró a ese pretexto para justificar su política de castigo al vehículo privado.
La realidad es que la norma afecta a 150 municipios, muchos de los cuales han expresado públicamente su rechazo. Y además el Ejecutivo va a condicionar las ayudas al transporte público a la implantación de estas Zonas de Bajas Emisiones.
A día de hoy, más del 50% de las 83 ciudades que reciben estas ayudas están en peligro de perderlas. Algunas como Gijón, Badajoz o Santa Cruz de Tenerife ya han solicitado formalmente que se desvinculen las ayudas del cumplimiento de estas restricciones, cuya legalidad está incluso en entredicho.
El caso de Gijón es ilustrativo: si se suprimen los 1,2 millones de euros que recibe anualmente, el precio del billete sencillo de autobús se duplicará, pasando de 38 a 75 céntimos.
Muchas de estas ciudades no han implementado las Zonas de Bajas Emisiones porque no pueden: en la mayoría de los casos, los proyectos están judicializados y podrían ser anulados, como ya ocurrió en Madrid tras una sentencia ejemplar. En Francia, además, el Consejo Constitucional ha abierto la puerta a eliminarlas por discriminatorias contra las clases trabajadoras.
