El Gobierno de Pedro Sánchez concederá 470.018.614 euros a ONG y otras organizaciones en menos de un año (de julio de 2025 a junio de 2026) para atender a inmigrantes solicitantes de asilo, según se recoge en una resolución de la Secretaría de Estado de Migraciones publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La partida forma parte del presupuesto asignado al sistema de acogida para protección internacional, y será gestionada por entidades del tercer sector, fundaciones y otros operadores concertados.
El documento oficial establece los precios públicos por plaza y día que el Estado pagará a las organizaciones adjudicatarias. Las tarifas oscilan entre los 32 euros diarios en la fase de autonomía y hasta 150 euros al día en casos de acogida con vulnerabilidad reforzada, destinada a perfiles especialmente sensibles. Este último tramo contempla, por ejemplo, personas con enfermedades graves, discapacidades o víctimas de violencia.
El sistema contempla varias fases: una primera de valoración inicial y derivación, seguida de la etapa de acogida estándar (con dos niveles de tarifa), acogida para personas en situación de vulnerabilidad, acogida reforzada y, finalmente, la fase de autonomía. La previsión de plazas mensuales varía a lo largo del año, alcanzando máximos en los meses de verano de 2025.
El mayor volumen de gasto se concentrará en las fases de acogida estándar, que combinadas representan más de 250 millones de euros. A esto se suman otras cifras significativas como los 88 millones asignados a la fase de valoración inicial y los 52 millones destinados a la etapa final de autonomía, que busca facilitar la integración de los beneficiarios mediante apoyo habitacional y orientación laboral.
El Gobierno justifica estas cifras por el incremento sostenido en el número de solicitudes de protección internacional, así como por los compromisos asumidos con Bruselas en materia de recepción de inmigrantes. Sin embargo, el volumen del gasto ha generado críticas desde sectores que reclaman mayor transparencia en la adjudicación de fondos y una evaluación más rigurosa del funcionamiento de las entidades beneficiarias.
Los datos detallan que, por ejemplo, una ONG que gestione 50 plazas diarias para personas en situación de vulnerabilidad reforzada podría recibir más de 2 millones de euros al año, sólo en esa categoría. En paralelo, otras organizaciones gestionarán miles de plazas en fases estándar, con tarifas de entre 50 y 58 euros por día y persona.
Esta planificación se inscribe dentro del sistema estatal de acogida, que funciona mediante conciertos plurianuales entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y entidades sociales seleccionadas. La previsión para el período 2025-2026 es mantener operativas más de 30.000 plazas mensuales, con ajustes según necesidades y capacidad.
