El mismo Gobierno de Pedro Sánchez que está asolado por la corrupción (caso Koldo, caso Begoña, caso David Sánchez, caso Ábalos, caso Santos Cerdán…) ha decidido ponerse al frente de la nueva Comisión Interministerial para el impulso del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. La medida ha sido oficializada hoy en el BOE a través del Real Decreto 711/2025, publicado este 27 de agosto.
La comisión, que será la encargada de diseñar y coordinar las estrategias anticorrupción del Estado, estará presidida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y tendrá como vicepresidenta a la titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Junto a ellas figuran otros nombres de primer nivel del Ejecutivo socialista: Félix Bolaños (Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Ernest Urtasun (Cultura) y Óscar López, director del Gabinete del presidente del Gobierno.
La paradoja es evidente: un Ejecutivo salpicado por investigaciones judiciales y mediáticas por tramas de clientelismo y tráfico de influencias es el mismo que se arroga la tarea de liderar un plan contra la corrupción. Entre tanto, la Agencia Independiente de Integridad Pública, que debería ejercer un papel de control externo, aún no está operativa.
Con esta iniciativa, Moncloa pretende exhibir una imagen de compromiso institucional en la lucha contra la corrupción, mientras las sospechas sobre las prácticas de su entorno más cercano continúan creciendo. La creación de la Comisión llega, además, en un momento en que varios procedimientos judiciales abiertos mantienen en tensión al propio PSOE y a la presidencia del Gobierno.
