El Gobierno de Sánchez ha decidido desbloquear miles de millones a comunidades autónomas y ayuntamientos en plena crisis política, en un intento por sostener su permanencia en el poder y enviar un mensaje de estabilidad institucional ante los chantajes del separatismo.
La encargada de anunciar este movimiento ha sido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una entrevista en Radio Nacional de España. En su intervención, vinculó directamente esta decisión a la necesidad de «mantener la agenda de reformas» y aseguró que no hay intención de adelantar elecciones generales pese a la creciente presión derivada de los últimos escándalos que rodean al Ejecutivo.
La medida llega en un momento especialmente sensible para el Gobierno, que busca apuntalar su posición cumpliendo compromisos pendientes, como el que alcanzó en mayo con Esquerra Republicana para actualizar las entregas a cuenta destinadas a los ayuntamientos. Esta actualización también responde a una histórica demanda de la Generalidad, presidida por Salvador Illa, y se perfila como uno de los principales beneficiarios del reparto.
Además, el desbloqueo también responde a las peticiones de comunidades gobernadas por el Partido Popular. De hecho, fue una reclamación recurrente en la última Conferencia de Presidentes. La cifra total que quedaría liberada, según cálculos del propio PP, alcanzaría los 25.000 millones de euros, correspondientes a recursos pendientes de los ejercicios 2024 y 2025. Algunas administraciones comenzaban ya a sufrir tensiones de tesorería y demoras en el pago a proveedores.
El Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros un real decreto ley que permitirá la actualización inmediata de esos fondos. Montero ha subrayado que esta iniciativa debe ser vista como una muestra del compromiso del Ejecutivo con el conjunto del país y ha apelado directamente al principal partido de la oposición para que no obstaculice su tramitación parlamentaria. «Veremos si el PP cambia de actitud y permite que estas administraciones respiren financieramente», ha comentado.
Cabe recordar que esta propuesta ya fue planteada por el Gobierno a comienzos de año, pero integrada dentro de un decreto más amplio —conocido como decreto ómnibus— que el PP rechazó por contener medidas que consideraba inaceptables. En aquel momento, el número dos de Economía en el PP, Juan Bravo, respondió que estarían dispuestos a apoyar la actualización si se presentaba como un texto independiente, centrado exclusivamente en la cuestión financiera.
