El Gobierno de Pedro Sánchez destinó a la Fundación Cepaim un total de 232.221 euros mensuales para la gestión de 132 menores migrantes no acompañados (menas), alojados en el Hotel Gandía Playa. El contrato, según figura en la documentación oficial y ha adelantado @CanarioToday, fue adjudicado por la vía de emergencia, sin concurso público, y con exención del IVA, durante el mes de enero.
En paralelo, otro acuerdo similar elevó la cifra total invertida en estas operaciones hasta 423.041 euros en un solo mes, con un total de 190.820 euros para atender a 140 inmigrantes ilegales repartidos en otro establecimiento turístico de la Comunidad Valenciana: el Aparthotel Carrio Sol, en Calpe, con un gasto medio de 1.363 euros mensuales por cada uno.
La entidad adjudicataria, Fundación Cepaim Acción Integral con Migrantes, ha estado en el centro de la polémica en distintas ocasiones. Su actual presidente, Juan Antonio Miralles, fue candidato de Izquierda Unida en La Mojonera (Almería) en las elecciones municipales de 2019 y, al mismo tiempo, dirige la asociación ‘Almería Acoge’. Este colectivo defiende la inmigración como «un fenómeno social» y trabaja para «fomentar la convivencia intercultural, la igualdad de derechos y la sensibilización social en torno a la llegada de extranjeros».
Sin embargo, Cepaim y organizaciones vinculadas a su entorno han recibido críticas por parte de cuerpos policiales y vecinos en diferentes localidades. Uno de los episodios más controvertidos tuvo lugar en Guardamar (Alicante), donde la concentración de inmigrantes en un hotel generó un fuerte malestar vecinal y denuncias de incremento de la inseguridad. A ello se suman quejas de agentes que aseguran que la ONG se negó en repetidas ocasiones a colaborar en la identificación de sospechosos implicados en incidentes graves como hurtos, agresiones sexuales contra trabajadoras de hoteles y riñas violentas en locales nocturnos.
El caso de Gandía y Calpe reabre el debate sobre la externalización de la gestión de menores migrantes y adultos recién llegados a través de contratos millonarios en hoteles, y sobre la conveniencia de que estas adjudicaciones recaigan en organizaciones de perfil ideológico marcado.
