El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado desde el año 2021 un total de 412 subvenciones por un importe superior a los 83 millones de euros a la ONG Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), una organización que cuenta en sus órganos directivos y en su entorno con antiguos cargos y militantes históricos del PSOE.
Los datos, extraídos de los registros oficiales de concesiones de ayudas públicas y adelantados por Pablo Cambronero, muestran un flujo continuado de financiación hacia esta entidad a través de distintos ministerios y organismos dependientes de la Administración General del Estado, con un peso destacado de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
La última ayuda registrada corresponde a una concesión de 200.000 euros aprobada en diciembre de 2025, dentro de un programa de subvenciones dinerarias sin contraprestación directa. Esta partida se suma a una larga relación de transferencias que, según los listados oficiales, sitúan al MPDL entre las ONG que más fondos públicos han recibido en los últimos años.
La organización, fundada en los años ochenta, se define a sí misma como una ONG «independiente, laica y progresista», dedicada a proyectos de cooperación internacional, defensa de los derechos humanos y acción humanitaria. Sin embargo, su estrecha vinculación histórica con el entorno socialista ha alimentado una creciente polémica política.
Entre los nombres asociados al MPDL figura el de Manuel de la Rocha, ex alto cargo de la Comunidad de Madrid en los años ochenta y presidente de la entidad, así como el de Adriana Maldonado, diputada socialista por Navarra, que aparece como vocal en algunos órganos de la organización. También se han señalado otras afinidades políticas en su estructura directiva y en su red de colaboradores.
Las críticas se han intensificado en las últimas semanas en redes sociales y en círculos parlamentarios, donde se acusa al Ejecutivo de mantener un «riego sistemático» de fondos públicos hacia entidades próximas ideológicamente al partido en el Gobierno. Distintos dirigentes de la oposición reclaman explicaciones sobre los criterios utilizados para repartir las ayudas y piden una auditoría detallada de las subvenciones concedidas desde 2021.
Desde el entorno gubernamental se defiende que todas las ayudas han sido tramitadas conforme a la normativa vigente y mediante convocatorias públicas competitivas. Fuentes oficiales recuerdan que la AECID y otros organismos evalúan los proyectos en función de su viabilidad técnica, impacto social y experiencia previa de las entidades solicitantes, sin atender a afinidades políticas.
El debate llega en un contexto especialmente sensible para el Ejecutivo, marcado por las críticas a la gestión de fondos públicos y por la presión de la oposición para reforzar los mecanismos de control y transparencia en el reparto de subvenciones. Mientras tanto, el MPDL continúa desarrollando proyectos en varios países y mantiene que su financiación responde exclusivamente a su trayectoria y a la calidad de sus programas.
Las cifras, sin embargo, han reabierto una discusión de fondo sobre la concentración de ayudas en determinadas organizaciones y sobre el riesgo de que la cooperación internacional se vea contaminada por afinidades partidistas, un asunto que previsiblemente volverá al centro del debate político en los próximos meses.
