El Gobierno de Pedro Sánchez prevé gastar en 2026 un total de 270,67 millones de euros en publicidad institucional y campañas comerciales de empresas públicas, la segunda cifra más alta de los últimos quince años y prácticamente idéntica a la de los dos ejercicios anteriores. El dato de The Objective confirma una tendencia sostenida durante la etapa socialista en La Moncloa: desde 2019, el Ejecutivo ha destinado más de 2.300 millones de euros a anuncios y campañas institucionales, consolidándose como el primer anunciante del país y utilizando el dinero público como herramienta estructural de comunicación política.
Según el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional aprobado esta semana en el Consejo de Ministros de Sánchez, los distintos ministerios ejecutarán en 2026 un total de 124 campañas por un importe de 155,6 millones de euros, apenas un 3,45% menos que el año anterior. El reparto vuelve a concentrarse en los departamentos ideológicamente más activos del Gobierno, con especial protagonismo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que lidera tanto en número de campañas como en volumen presupuestario, junto a Cultura y Trabajo. En términos absolutos, Transición Ecológica acaparará en torno a 16 millones de euros, situándose como uno de los grandes motores del gasto publicitario del Ejecutivo.
A este desembolso se suma el de las empresas públicas, que desarrollarán 49 campañas comerciales con una inversión prevista de 115,07 millones de euros, un 5% más que en 2025. Entre los principales beneficiarios figuran Loterías y Apuestas del Estado, AENA, Renfe Operadora, Turespaña y la SEPI, todas ellas convertidas en actores clave del mercado publicitario nacional bajo la tutela directa de Moncloa. En la práctica, el Estado no sólo regula el sector, sino que lo condiciona desde dentro mediante una presencia masiva y continuada.
El Gobierno priorizará de nuevo el entorno digital como canal principal de difusión, seguido por la radio y la televisión, con una fuerte presencia en soportes exteriores de gran formato y espacios urbanos estratégicos. Todo ello se desplegará además en el primer ejercicio en el que el Ejecutivo pretende aplicar nuevos criterios de reparto de la publicidad institucional, enmarcados en el controvertido plan de «regeneración democrática». Bajo la retórica de la eficacia y el impacto del mensaje, Moncloa busca concentrar sus campañas en espacios considerados «premium», reducir la intermediación de agencias y excluir la inversión directa en redes sociales, reforzando así su control sobre el circuito publicitario.
Con este nuevo plan, el Gobierno consolida una política de comunicación basada en el uso intensivo de fondos públicos para sostener su relato y su presencia mediática, mientras España sigue arrastrando problemas estructurales en deuda, servicios públicos y poder adquisitivo. La cifra de 271 millones no es un episodio aislado, sino un síntoma más de un modelo de poder que ha convertido la publicidad institucional en una herramienta permanente de propaganda.
