La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda que entonces dirigía la ministra María Jesús Montero, estructuró el rescate de Air Europa en dos pagos para evitar el control de la Comisión Europea, según una investigación judicial ya en marcha. El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha abierto diligencias para analizar la operación y ha imputado por presunta prevaricación al vicepresidente del organismo, Bartolomé Lora, máximo responsable técnico del fondo en el momento de aprobarse la ayuda.
El rescate, autorizado por el Consejo de Ministros el 3 de noviembre de 2020, ascendió a 475 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La operación se dividió en dos préstamos: uno participativo de 240 millones y otro ordinario de 235 millones, según detalla El Debate. Ambos importes quedaron por debajo del umbral de 250 millones que obliga a notificar la ayuda a Bruselas para su evaluación previa.
La denuncia sostiene que este fraccionamiento no fue casual. La normativa vigente exigía el control de la Comisión Europea para cualquier ayuda superior a ese límite, con el objetivo de verificar si la empresa cumplía los requisitos y si la operación respetaba las reglas de competencia. Al dividir el rescate, la SEPI evitó ese examen y dejó la decisión en manos de su propio consejo gestor, presidido entonces por Lora.
El contraste con otras operaciones refuerza las sospechas. En el caso de la siderúrgica Celsa, que recibió más de 500 millones de euros, el Ejecutivo sí remitió el expediente a Bruselas. En el rescate de Air Europa, una de las mayores inyecciones de dinero público durante la pandemia, ese control no se produjo.
La investigación también incorpora elementos procedentes de otras causas judiciales. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge en informes remitidos al Tribunal Supremo conversaciones de 2020 en las que se alude a la necesidad de acelerar el rescate de la aerolínea.
Según esos datos, el 3 de septiembre de 2020 el entonces consejero delegado de Air Europa, Javier Hidalgo, contactó con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para trasladarle la urgencia de la operación. Cinco días después, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el propio Sánchez intercambiaron comunicaciones sobre la situación de la compañía.
Entre esos contactos y la aprobación del rescate transcurrieron apenas dos meses. La denuncia apunta a que la división del pago permitió agilizar el procedimiento y evitar controles que habrían retrasado o condicionado la concesión de los fondos públicos.
El juzgado deberá determinar ahora si la decisión respondió a criterios técnicos o si se adoptó para eludir deliberadamente la supervisión europea. La investigación analizará informes internos de la SEPI, comunicaciones entre los organismos implicados y el expediente completo del rescate, en una causa que pone el foco en una de las operaciones económicas más relevantes del Gobierno durante la pandemia.
