El Gobierno ha destinado al menos 6,1 millones de euros de dinero público a fletar vuelos para trasladar a más de 19.000 inmigrantes ilegales desde Canarias y otros puntos de llegada hasta la Península en apenas nueve meses, según se desprende de resoluciones oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a las que ha tenido acceso este medio.
Según informa Vozpópuli, los contratos, todos tramitados por la vía de emergencia, evidencian una operativa sostenida en el tiempo que elude los mecanismos ordinarios de planificación y se ejecuta sin una coordinación transparente con las comunidades autónomas receptoras.
La mayor partida se concentra en el primer trimestre de 2024. Entre enero y marzo, el Ejecutivo autorizó 2,95 millones de euros para el traslado aéreo de 9.240 personas, mediante un contrato adjudicado a la ONG Accem con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. La adjudicación se realizó al amparo del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, un procedimiento excepcional concebido para situaciones puntuales que, en la práctica, se ha convertido en el modelo habitual de gestión migratoria del Gobierno.
Lejos de tratarse de una actuación aislada, el esquema se repite en los meses siguientes. Entre abril y julio, Migraciones aprobó otro contrato por 1,9 millones de euros para trasladar en avión a 5.940 inmigrantes, nuevamente adjudicado a Accem y bajo el mismo paraguas jurídico de emergencia. A ello se suma una tercera resolución, fechada el 30 de julio, que eleva el gasto en 1,26 millones adicionales para el transporte de 3.960 personas entre agosto y septiembre.
En total, 19.140 traslados y 6,12 millones de euros desembolsados en menos de un año, una cifra que no incluye otros costes asociados a la acogida posterior. El resultado es una política de hechos consumados: trasladar, alojar y redistribuir sin una estrategia pública clara ni una información transparente a las administraciones afectadas.
Tras su llegada a la Península, los inmigrantes ilegales son recibidos por ONG designadas por el propio Gobierno y derivados a distintos puntos del territorio nacional. Los recursos empleados abarcan desde albergues y pisos turísticos hasta hoteles, balnearios e instalaciones de titularidad estatal.
La externalización de la gestión es uno de los pilares del modelo. A través de Accem y de otras entidades subvencionadas, el Ejecutivo ha delegado buena parte de la logística migratoria en organizaciones privadas financiadas con fondos públicos. Varias comunidades autónomas han denunciado que esta fórmula ha generado un apagón informativo, dificultando la correcta planificación de recursos sanitarios, educativos y de seguridad.
