El Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido más de 2,5 millones de euros en subvenciones y ayudas públicas a organismos e instituciones de Cabo Verde durante los últimos tres años, según reflejan los registros oficiales del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas.
Las partidas han sido canalizadas a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y recopiladas por el exdiputado Pablo Cambronero a partir de los registros oficiales de subvenciones. Las ayudas han sido destinadas a ministerios, institutos públicos y organismos caboverdianos.
Entre las ayudas figura una concesión de 1.000.000 de euros al Ministerio de Finanzas y Administración Pública de Cabo Verde, registrada el 12 de enero de 2026. A ello se suman otras subvenciones de 536.400 euros para el Instituto de Investigación y Patrimonio Cultural; 446.356 euros y 3.644 euros para el Instituto Cabo Verdiano de Igualdad y Equidad de Género; y otras dos partidas de 406.289 euros y 138.711 euros para el Ministerio de Familia e Inclusión Social del país africano.
Los registros oficiales califican todas estas ayudas como «subvenciones y entregas dinerarias sin contraprestación«. Las concesiones abarcan ejercicios de 2023, 2024, 2025 y 2026 y muestran una línea continuada de financiación pública española hacia Cabo Verde mediante programas de cooperación exterior impulsados por el Ejecutivo.
La polémica ha crecido además tras el episodio del MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus que terminó siendo derivado a Canarias después de que Cabo Verde no pudiera asumir la operación. La Organización Mundial de la Salud señaló que el archipiélago africano carecía de capacidad para gestionar la emergencia y que España debía hacerse cargo del dispositivo sanitario y logístico. El episodio ha vuelto a poner el foco sobre las prioridades del Ejecutivo de Pedro Sánchez: millones de euros enviados a administraciones extranjeras mientras, cuando surge una crisis real, acaba siendo el sistema español el que asume el coste, la coordinación y la respuesta de emergencia.
