El Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado la construcción de 250 viviendas públicas para las víctimas de la riada en Valencia porque cuestan 25 millones de euros a las arcas públicas. Esta decisión adelantada por OkDiario forma parte de su oposición a una propuesta legislativa presentada por la derecha, que busca establecer un paquete de ayudas para los damnificados por la riada. El Ejecutivo no sólo ha denegado esta medida, sino que ha bloqueado por completo la tramitación de la iniciativa en el Congreso de los Diputados, argumentando que su coste total ascendería a 727 millones de euros, lo que afectaría el presupuesto estatal.
Este veto se suma a otras cinco iniciativas legislativas impulsadas por la oposición en la presente legislatura que han sido paralizadas por el Gobierno de coalición. Entre ellas figuran propuestas relacionadas con el sector agroalimentario, la conciliación familiar, la talidomida, exenciones fiscales para eventos específicos y la tasa de basuras. En todos estos casos, el Ejecutivo se ha amparado en el artículo 134.6 de la Constitución, que le permite impedir la tramitación de una ley si esta supone un incremento en el gasto público o una reducción en los ingresos del Estado.
El documento oficial con la negativa del Gobierno, que consta de siete páginas y será revisado por la Mesa del Congreso, enumera cinco razones principales para rechazar la proposición. En el último de estos puntos, el Ejecutivo se opone a conceder una subvención de 25 millones de euros a la Generalidad Valenciana para la construcción de viviendas públicas destinadas al realojo de las familias desalojadas por la catástrofe. La propuesta contemplaba levantar edificaciones de hasta cuatro plantas utilizando módulos prefabricados, con el objetivo de acelerar la recuperación de los afectados.
La justificación del Gobierno para descartar esta medida se basa en el impacto presupuestario que supondría para el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, liderado por la socialista Isabel Rodríguez. Según el informe, la financiación de estos proyectos obligaría a modificar el programa de Promoción, Administración y Ayudas para la Rehabilitación y Acceso a la Vivienda, lo que representaría un gasto adicional para el departamento.
