El Ministerio de Transportes ha rechazado facilitar el registro de visitas correspondiente a la etapa en la que José Luis Ábalos estuvo al frente del departamento, entre junio de 2018 y julio de 2021, aludiendo a la protección de datos personales, según publica The Objective. La decisión, comunicada a través del Portal de Transparencia, se produce en un contexto marcado por la investigación judicial sobre la adjudicación de contratos de material sanitario durante la pandemia y el presunto cobro de comisiones.
En su resolución, el departamento que dirige Óscar Puente invoca los artículos 15 y 18.d de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Según el escrito, la solicitud para conocer la identidad de las personas que se reunieron con el exministro ha sido inadmitida tras una ponderación entre el interés público y los derechos individuales, concluyéndose que en este caso prevalece la protección de datos personales.
El artículo 15 de la citada norma establece limitaciones al acceso a información que contenga datos especialmente protegidos, como ideología, afiliación sindical, religión o salud.
No obstante, también contempla que, en ausencia de estos supuestos, el acceso puede concederse previa valoración del interés público en la divulgación. En este sentido, la resolución reconoce que se ha realizado dicha evaluación, aunque determina que no existe una justificación suficiente para divulgar los datos solicitados.
La negativa del Ministerio se produce pese a que Ábalos, en su condición de cargo público durante el periodo analizado, está sujeto a un nivel elevado de escrutinio ciudadano. Este principio, recogido en el preámbulo de la ley, subraya que la transparencia permite conocer cómo se adoptan decisiones públicas y cómo se gestionan los recursos del Estado. Sin embargo, el departamento considera que este criterio no es determinante en el caso concreto.
Paralelamente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha documentado la presencia habitual del comisionista Víctor de Aldama en las dependencias ministeriales. Según las investigaciones, Aldama mantenía un acceso frecuente al edificio, donde incluso habría utilizado espacios reservados para altos cargos.
Testimonios recabados en el marco de la causa apuntan a que su presencia era percibida como habitual, lo que refuerza las hipótesis sobre su influencia en el entorno ministerial.
Asimismo, la agenda del exasesor Koldo García refleja reuniones con responsables políticos, empresarios y directivos de compañías vinculadas a adjudicaciones públicas bajo sospecha. Este registro incluye encuentros con representantes de empresas que habrían resultado beneficiarias de contratos durante la etapa investigada. La documentación, incorporada a las diligencias judiciales, constituye uno de los elementos clave para reconstruir las relaciones entre los distintos actores implicados.
En el ámbito judicial, Ábalos se enfrenta a un proceso en el que la Fiscalía solicita una pena de 24 años de prisión por diversos delitos relacionados con la contratación pública.
Las acusaciones populares elevan esta petición hasta los 30 años. En el mismo procedimiento, otras personas investigadas afrontan distintas penas en función de su grado de implicación y colaboración con la Justicia.
