El Consejo de Ministros inicia este viernes los trabajos para intentar sacar adelante una reforma de la Constitución con el objetivo de eliminar los aforamientos de miembros del Gobierno, diputados y senadores en casos que no tengan que ver con el ejercicio de su cargo.
La propuesta de reforma constitucional fue anunciada el pasado lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto que protagonizó con motivo de los cien primeros días de su Ejecutivo.
Él mismo confirmó el miércoles y ratificó el jueves que será este viernes cuando este asunto estará sobre la mesa del Consejo en una reunión que presidirá en el Palacio de la Moncloa y a la que asistirán todos los miembros del Gabinete excepto los ministros de Asuntos Exteriores, Cultura e Industria.
Tomadura de pelo
Sánchez pidió «altura de miras» a los grupos parlamentarios para que esta reforma pueda salir adelante, una modificación que, en caso de que tuviera los apoyos suficientes, cree posible que se pudiera aprobar en el plazo de 60 días.
Este anuncio de Sánchez llega después de que todos los grupos del Congreso se pusieran de acuerdo el pasado martes en la necesidad de suprimir o limitar los aforamientos pero, eso sí, desde distintos puntos de vista, ya que solo el PP y el PSOE apoyaron la moción de Ciudadanos para abordar esta reforma constitucional.
El resto de fuerzas han decidido abstenerse al no lograr consensuar una fórmula para acabar con esta prerrogativa que tienen unas 250.000 personas, de ellas alrededor de 2.000 políticos.
La votación se producía en el Congreso un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propusiera la supresión de los aforamientos. La mayor parte de los grupos, salvo Unidos Podemos y ERC, presentaron enmiendas a la moción de Cs, empezando por el PSOE, que remitía a su propuesta de este viernes, y del PP, que pedía más tiempo para afrontar esta reforma de manera coherente y con todas las garantías.
Otras, como las del PNV iban más lejos que el planteamiento de Cs, incluyendo acabar con todos los aforamientos y la inviolabilidad del rey, frente a la del PDeCAT que apostaba por reducir el alcance de la supresión que propone el partido naranja.
Ciudadanos no aceptó ninguna de las cuatro enmiendas y defendió el texto original que pide el compromiso del Congreso para emprender una reforma exprés de la Constitución con el fin de acabar con los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno.
También insta a los parlamentos autonómicos a modificar sus respectivos Estatutos de Autonomía para acabar con esta prerrogativa que tienen igualmente sus diputados y el ejecutivo.
De hecho, a juicio del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, lo que está en juego es la igualdad de todos los españoles porque se podría poner fin a «una justicia distinta para los que somos iguales» y, por eso, considera una tomadura de pelo a los españoles la propuesta de Sánchez de dejar fuera de su propuesta los delitos cometidos en el ejercicio del cargo cuando son precisamente -ha afirmado- los delitos de corrupción el principal problema.
Según sus datos, mientras en España existen unos 2.000 aforados políticos, en Reino Unido, Alemania o EEUU no existe ninguno o solo es aforado el jefe el Estado en el caso de Italia o Portugal.
A su juicio, la resistencia del PSOE y el PP a suprimir o limitar los aforamientos, medida que incluyeron en sus programas electorales, se debe a la preocupación que tienen porque los aforados sean encausados por un juez de base. «¿Es que son mejores los jueces del Supremo?», se ha preguntado.
«Solo hay una diferencia, los jueces que tocan de manera natural no los eligen ustedes», al contrario que los magistrados del Tribunal Supremo, que es la instancia que juzga a los políticos aforados.
Desde el PSOE, el diputado Gregorio Cámara ha tildado de «errados» y «profundamente demagógicos» los argumentos de Cs y ha sostenido que no es riguroso mantener que el aforamiento no es más que un trato de favor y un privilegio.
Cámara ha recalcado que el aforamiento es una prerrogativa concedida como equilibrio de poderes y como garantía ante la figura de la acusación popular, que no existe en esos países que ha citado Rivera.
«Se les llena la boca de regeneración de cara a la galería», le ha reprochado Cámara a Rivera, afeándole que «hable mucho de regeneración democrática» cuando han estado «apoyando de forma incoherente al Gobierno de Rajoy, incluso en la moción de censura».
Por parte del PP, Beatriz Escudero ha cargado contra Rivera al acusarle de ejercer un «falso populismo» solo para confundir y dividir, trayendo un debate que no interesa a los españoles, pero que siembra el equívoco porque no distingue entre «privilegio y prerrogativa».
Los populares, ha argumentado, son favorables a abordar esta reforma pero «no es serio» afrontarla con esta «frivolidad».
