El Consejo de Ministros ha autorizado una inversión de 5.804.240 euros para la adquisición de infraestructuras estables y modulares para la creación de un Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) con capacidad para 500 inmigrantes ilegales en la isla de El Hierro.
La decisión ha sido adoptada ante la presión migratoria que sufre el archipiélago, donde a falta de un mes y medio para que acabe 2023 ya han llegado más inmigrantes ilegales que en todo 2006, cuando se produjo la crisis de los cayucos, en la que llegaron a Canarias un total de 31.678 inmigrantes, frente a los más de 32.000 contabilizados en lo que va de año.
El esfuerzo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y servicios de emergencias está siendo especialmente intenso en El Hierro, una isla de 11.000 habitantes a la que han llegado este año casi 9.000 ilegales. Este volumen de llegadas a puertos herreños ha provocado que el actual Ejecutivo haya optado por activar un plan de redistribución de la inmigración ilegal por todo el territorio nacional.
El futuro CATE de El Hierro se instalará para alojar y prestar asistencia provisional a los inmigrantes ilegales que lleguen a partir de ahora a la isla más occidental del archipiélago canario. Las instalaciones permitirán clasificar e identificar a los ilegales llegados durante un periodo máximo de 72 horas, cuestión por la que las fuentes policiales consultadas por este medio entienden que este tipo de recursos «no va a solucionar en absoluto el problema». «Creará un efecto llamada mayor», aseguran.
Un millón y medio de euros para obras en acuartelamientos militares
El Consejo de Ministros ha autorizado además 1,5 millones de euros para ejecutar la obra de cerramiento interior en los acuartelamientos General Arteaga y Primo de Rivera de Madrid, unas instalaciones que en parte estaban en desuso y han sido cedidas por Defensa para la acogida de inmigrantes ilegales procedentes de Canarias.
La actual crisis migratoria ha saturado las infraestructuras existentes en el archipiélago por lo que el Gobierno ha acelerado el traslado a la península de los inmigrantes para descongestionar los recursos de las islas y proporcionar «una correcta acogida y atención». Medidas que desde los diferentes efectivos desplegados en las islas no ven con muy buenos ojos por el «factor atracción» que puede generar «seguir enviando inmigrantes a la península». «La solución es activar un sistema de devoluciones eficaz y determinante», afirman a este medio.
Según el Gobierno, para poder realizar este acogimiento con seguridad es necesario realizar una serie de obras en los citados cuarteles, tal como una separación física que «evite interferencias» entre las actividades desarrolladas en la zona reservada para la acogida y las propias de las instalaciones militares, detalla la referencia a estas medidas.
El pasado 10 de noviembre llegaron los primeros 170 inmigrantes ilegales al cuartel General Arteaga, ubicado en el distrito madrileño de Carabanchel y que puede llegar a acoger a 1.200 inmigrantes, y está previsto que a lo largo de esta semana esté listo el acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá de Henares (Madrid), con una capacidad máxima de 1.100 plazas.
