El Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido 900.000 nuevos permisos de residencia a extranjeros entre mayo de 2025 y abril de 2026, coincidiendo con el primer año de aplicación del nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería. El balance, avanzado por OkDiario, llega además en la antesala de la regularización extraordinaria de personas en situación ilegal aprobada por el Ejecutivo.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, presentó este miércoles los datos de aplicación del reglamento. Según las cifras oficiales, desde mayo de 2025 se han resuelto 1.482.054 expedientes de extranjería, lo que supone un incremento del 25% respecto al ejercicio anterior.
El Ejecutivo defiende que la nueva norma ha permitido agilizar trámites, eliminar procesos duplicados y reforzar las garantías laborales de los trabajadores extranjeros. Desde el departamento de Saiz destacan que siete de cada diez expedientes resueltos durante este periodo se tramitaron ya bajo el paraguas del nuevo Reglamento de Extranjería.
En concreto, 1.042.112 expedientes fueron resueltos aplicando la normativa que entró en vigor en mayo de 2025. Para el Gobierno, estos datos reflejan una rápida adaptación administrativa al nuevo modelo y una mejora en la gestión de los procedimientos de extranjería.
La mayor parte de las solicitudes tramitadas corresponde a expedientes iniciales. Según el balance de Inclusión, el 75% de las resoluciones se refiere a personas que pedían por primera vez una autorización. Las renovaciones representan el 16,5% del total, mientras que las autorizaciones de larga duración suponen el 8,2%.
Entre las solicitudes iniciales, la categoría más numerosa es la residencia temporal por circunstancias excepcionales, con 398.293 permisos concedidos. Le siguen las autorizaciones de residencia temporal, con 334.055 expedientes, y las estancias en España, que alcanzan las 169.949.
No obstante, el volumen total de expedientes resueltos incluye tanto solicitudes aprobadas como denegadas. Fuentes del Ministerio de Inclusión señalan que alrededor del 80% de las peticiones han recibido una respuesta favorable, un porcentaje similar al registrado el año anterior. El departamento insiste en que el reglamento no pretende rebajar los requisitos, sino clarificar las vías existentes y acortar los tiempos de resolución.
Cuando el Gobierno impulsó esta reforma, anunció que su objetivo era regularizar la situación de unas 300.000 personas al año entre 2025 y 2027, hasta alcanzar una cifra próxima al millón de extranjeros. Sin embargo, durante el primer año de vigencia del reglamento ya se han otorgado cerca de 900.000 permisos iniciales de residencia.
A este escenario se sumará ahora la regularización extraordinaria pactada por PSOE y Podemos a finales de enero y posteriormente aprobada por el Consejo de Ministros. La medida está dirigida a personas extranjeras que residieran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan acreditar un periodo mínimo de estancia de cinco meses.
Para demostrar esa permanencia, los solicitantes podrán aportar documentos como el empadronamiento, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales, contratos de alquiler, justificantes de envío de dinero o billetes de transporte. Con ello, el Ejecutivo abre una vía para que miles de personas en situación ilegal puedan acceder a una autorización temporal.
El procedimiento prevé efectos desde el momento en que se presente la solicitud. En ese instante quedarán suspendidas las órdenes de expulsión o los procedimientos de retorno por razones administrativas o por haber trabajado sin autorización. Una vez admitida a trámite, la persona recibirá una autorización provisional de residencia que también permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos básicos como la asistencia sanitaria.
Si el expediente se resuelve favorablemente, se concederá una autorización de residencia por un año. Finalizado ese plazo, el beneficiario podrá solicitar una autorización ordinaria conforme a las vías previstas en el Reglamento de Extranjería.
El Gobierno había calculado inicialmente que esta regularización extraordinaria beneficiaría a unas 500.000 personas. Sin embargo, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero, advirtió de que la cifra real podría acercarse más a las 800.000.
