La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha concluido que la regularización extraordinaria de población extranjera apenas tendrá impacto en la financiación del sistema público de pensiones, pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido en numerosas ocasiones la inmigración como una herramienta para sostener el Estado del bienestar ante el envejecimiento demográfico.
El organismo presentó el pasado viernes su segundo informe de evaluación de la reforma de las pensiones y confirmó que, por el momento, se cumple la regla de gasto establecida tras los cambios impulsados por el Ejecutivo. Esta circunstancia permite descartar, al menos de forma temporal, nuevas subidas de cotizaciones para financiar el sistema.
Sin embargo, el análisis de la AIReF ofrece una radiografía detallada de qué medidas aportarán realmente más recursos a la Seguridad Social en las próximas décadas. La principal conclusión es que el mayor refuerzo de ingresos no procederá de la reforma laboral ni de la regularización de extranjeros, sino del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional que pagan empresas y trabajadores para alimentar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Según las estimaciones del organismo, el MEI aportará cada año alrededor de 0,4 puntos del PIB, lo que equivale a unos 6.750 millones de euros anuales tomando como referencia el Producto Interior Bruto de 2025.
La segunda fuente de ingresos más relevante será la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), junto con las transferencias del Estado a la Seguridad Social y el aumento de las bases máximas de cotización. Estas medidas generarán de media 0,3 puntos del PIB anuales hasta 2050, unos 5.061 millones de euros al año.
Por su parte, la denominada cuota de solidaridad y las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional aportarán alrededor de 0,1 puntos del PIB cada ejercicio, aproximadamente 1.687 millones de euros.
Frente a estas cifras, el impacto de la regularización masiva de extranjeros resulta muy reducido. La AIReF calcula que, en el mejor de los escenarios, la medida podría generar unos ingresos equivalentes a 0,031 puntos del PIB, alrededor de 523 millones de euros.
Además, el organismo advierte de que esa estimación representa un máximo teórico, ya que parte de la hipótesis de que todos los extranjeros regularizados pasarían a trabajar dentro de la economía formal y no descuenta a quienes ya están cotizando pese a encontrarse en situación irregular.
La AIReF también subraya que el cálculo únicamente contempla los posibles ingresos adicionales por cotizaciones y no incorpora el coste futuro derivado de los derechos de jubilación que generarían estos trabajadores ni las prestaciones sociales a las que podrían acceder. Tampoco incluye posibles efectos sobre la recaudación tributaria.
El informe tampoco encuentra efectos significativos de la reforma laboral aprobada en 2022 sobre los ingresos del sistema. Aunque reconoce que la temporalidad ha descendido desde niveles superiores al 25% hasta aproximadamente el 15%, concluye que este cambio no se ha traducido en una mejora apreciable de las cotizaciones sociales.
Según la AIReF, cualquier impacto positivo de la reforma sobre los ingresos dependerá de que exista un aumento de la productividad, una circunstancia que todavía no puede acreditarse.
Las conclusiones del organismo independiente refuerzan la idea de que el sostenimiento financiero de las pensiones dependerá principalmente del incremento de las cotizaciones y de las transferencias públicas, mientras que medidas como las regularizaciones masivas de extranjeros apenas tendrían capacidad para aliviar por sí solas la presión que afronta el sistema por el envejecimiento de la población y el creciente número de jubilaciones.
