El Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado, a través de la Confederación Hidrográfica del Duero, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Transición Ecológica, el desmantelamiento de la presa de La Muña, en Navafría (Segovia), derribando —con el beneplácito de los ecologistas— parte del muro y liberando gran cantidad de cienos y de limos que llevaban acumulados más de un siglo.
La presidenta de Aguaiuris, organización que tiene como objetivo una mejor gestión social y medioambiental del agua, Pilar Esquinas, ha denunciado en declaraciones a La Gaceta que «el olor y el hedor en la zona es insoportable», y que la decisión constituye un «grave daño ecológico al río Cega». «Las poblaciones de la comarca van a ver contaminadas sus aguas, que han pasado de ser cristalinas a ser turbias».
«Esto es una auténtica locura. La presa está totalmente integrada en el entorno, esta decisión va a suponer la muerte de miles de peces. Estamos en pleno desove y el daño medioambiental y ecológico es incalculable. Además, existe el riesgo de incendio por la ola de calor», ha agregado, antes de manifestar que «no hay información sobre la adjudicación ni solicitud de permisos. «Debido a las dimensiones de la presa (30 metros) se tenía que haber elaborado un informe de impacto ambiental y dotar de publicidad a la intervención».
La demolición de la presa, que cuenta con la oposición frontal de los vecinos de la comarca, se construyó en 1904 con la finalidad de producir energía hidroeléctrica. Hace una década se extinguió el contrato y ya no tiene uso hidroeléctrico, pero sirve para abastecer de agua a la fauna, y a los ganaderos y agricultores.
