El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado recientemente un contrato de compra de espacios para publicidad institucional en medios por un valor máximo de 400 millones.
El contrato está previsto para dos años –prorrogables durante dos más— y se destinará una media de 100 millones cada año. La licitación ha llegado a poco más de tres meses de unas elecciones autonómicas y municipales –el 28 de mayo– que marcarán el futuro reciente de España, y en mitad de la polémica –con gran coste electoral para el PSOE y para Podemos, los dos partidos que conforman el Ejecutivo– por las consecuencias de la ley del «sólo sí es sí», que ya ha beneficiado a 582 delincuentes sexuales y ha sacado de la cárcel, desde que entró en vigor el pasado 7 de octubre, a 50 de ellos.
La finalidad de este contrato es «difundir los mensajes y campañas del Gobierno en diversos medios de comunicación y soportes publicitarios» para, añade el Ejecutivo, «llegar a una amplia audiencia y concienciar sobre temas de interés público».
Sánchez y sus ministros también utilizan el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), presidido por el socialista José Félix Tezanos, para tratar de «dirigir» a los electores de cara a las elecciones. Cabe señalar que, según los datos de la Intervención General del Estado (IGAE), el CIS gastó casi 10,9 millones de euros para elaborar sus sondeos en los primeros 11 meses de 2022, casi un 33% más que en el mismo periodo del año anterior.
En línea con lo anterior es preciso destacar que el CIS, que sigue premiando al PSOE e inflando sus expectativas electorales, presentó este mes de febrero una encuesta sobre «violencia sexual contra las mujeres» que no preguntó sobre la ley del «sólo sí es sí», sobre las rebajas de penas a violadores o pederastas, o sobre la necesidad o no de reformar la norma.
El trabajo de campo, más de 2.500 entrevistas telefónicas, se realizó a finales de enero, tres meses después de la entrada en vigor de la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad y aprobada por todo el Consejo de Ministros, pero no incluyó referencias a ese cambio legal que modificó los tipos penales y ha sacado de la cárcel a medio centenar de delincuentes sexuales.
Días después, el PSOE elogió –a través del editorial de la edición de ‘El Socialista’, el semanario editado por la formación– al CIS por «ofrecer sus datos en bruto para que cualquier profesional pueda acceder a ellos y sacar sus propias conclusiones» y señaló este «ejercicio de transparencia» debería ser obligatorio «para las grandes empresas de sondeos» ante el «aluvión» de encuestas que se publican en la prensa. «Se eliminaría así cualquier sospecha de querer tener alguna influencia en los ciudadanos acercando las horquillas de diputados a la parte más alta o más baja para unos u otros partidos políticos», agregó.
