El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un nuevo paso en su ofensiva regulatoria sobre el ámbito informativo al sacar adelante una reforma integral del derecho de rectificación que amplía de forma notable su alcance y obliga a cumplirla no sólo a los medios de comunicación tradicionales, sino también a plataformas digitales y creadores de contenido con gran audiencia.
El Consejo de Ministros aprobó este martes, en segunda vuelta, la nueva Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, que deja sin efecto la norma vigente desde 1984. La iniciativa se integra dentro del denominado Plan de Acción por la Democracia del Ejecutivo y se presenta oficialmente como una herramienta para combatir la desinformación y la propagación de «bulos».
Uno de los cambios más relevantes es la inclusión expresa de las redes sociales y de los llamados influencers. La ley permitirá solicitar rectificaciones a aquellos usuarios considerados de «especial relevancia», una categoría que se aplicará a quienes superen los 100.000 seguidores en una sola plataforma o los 200.000 de manera acumulada en varias. Según el Gobierno, la medida va dirigida a perfiles que difunden contenidos falsos de manera reiterada.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió la reforma alegando que el derecho de rectificación es un elemento clave del derecho constitucional a recibir información veraz. En su explicación, insistió en que el ecosistema mediático actual poco tiene que ver con el de hace cuatro décadas y sostuvo que la proliferación y gravedad de las noticias falsas es hoy mucho mayor.
La nueva regulación introduce obligaciones concretas para los medios digitales. Cuando se conceda una rectificación, deberán publicar un enlace específico vinculado a la información original, con una visibilidad y relevancia similares a las de la noticia inicial. El Ejecutivo argumenta que esta exigencia refuerza la eficacia real del derecho y evita que la rectificación quede oculta o pase desapercibida.
Además, la ley impone a medios e influencers la obligación de habilitar canales claros, visibles y gratuitos para que los ciudadanos puedan solicitar la rectificación de informaciones que consideren inexactas. También se modifican los procedimientos: se amplían los plazos para ejercer este derecho y se elimina la exigencia formal de dirigirse al director del medio, con el objetivo de simplificar los trámites.
Desde el Gobierno se insiste en que la reforma busca adaptar la legislación a la realidad digital actual y agilizar la respuesta judicial en caso de conflicto. Sin embargo, la ampliación del derecho de rectificación a redes sociales y creadores de contenido ha generado inquietud entre sectores críticos, que ven en la norma un nuevo instrumento de presión sobre voces incómodas para el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.
