La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, baraja una controvertida posibilidad: reducir el umbral de la mayoría absoluta de 176 a 175 escaños si José Luis Ábalos acaba ingresando en prisión preventiva. Según fuentes parlamentarias, la socialista estaría analizando con los servicios jurídicos de la Cámara distintas vías reglamentarias que permitan modificar el cómputo de la mayoría, una medida que, de aplicarse, beneficiaría directamente al Ejecutivo en futuras votaciones ajustadas.
El planteamiento parte de una eventual suspensión de funciones del exministro de Transportes, que este miércoles comparece ante el Tribunal Supremo como investigado. Será el magistrado Leopoldo Puente quien decida si agrava las medidas cautelares contra el actual diputado del Grupo Mixto, lo que podría derivar en su encarcelamiento provisional y en un vacío dentro del hemiciclo.
La Mesa del Congreso —compuesta por nueve miembros, cinco de ellos del bloque PSOE-Sumar— tendría la llave para reinterpretar el Reglamento y alterar el cálculo de la mayoría parlamentaria. De prosperar esa reinterpretación, el número total de escaños activos pasaría de 350 a 349, rebajando así el listón de la mayoría absoluta a 175 votos. Ello permitiría al Gobierno mantener la ventaja sobre el bloque de la derecha, incluso sin el apoyo de Ábalos.
No obstante, esta posible modificación choca con el criterio seguido en 2019, cuando los diputados independentistas Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull fueron suspendidos tras su ingreso en prisión. Entonces, los letrados del Congreso consideraron que los encarcelados conservaban la «condición plena de miembros de la Cámara» y, por tanto, seguían computando dentro del total de 350 diputados. La mayoría absoluta, en consecuencia, se mantuvo en 176 votos.
Fuentes próximas a la Presidencia de la Mesa apuntan ahora a que el caso de Ábalos podría recibir un tratamiento diferente, dado que no se trata de una suspensión por causas políticas, sino de un proceso judicial ordinario. Reconocen, sin embargo, que se trataría de «una situación inédita en la historia democrática reciente», con implicaciones políticas y jurídicas de primer orden.
La reforma del Reglamento aprobada en julio pasado añadió un nuevo elemento de complejidad. Desde entonces, los diputados pueden solicitar el voto telemático en «circunstancias excepcionales de especial gravedad». En teoría, Ábalos podría pedir ejercer su voto desde prisión, aunque la decisión final recaería en la propia Mesa. Si se le concediera, no sería necesario alterar la aritmética parlamentaria; si se le denegara, la mayoría podría reducirse para mantener el equilibrio de fuerzas.
Francina Armengol ya ha protagonizado otras decisiones polémicas durante su mandato al frente del Congreso. En junio, el Partido Popular la acusó de ejecutar una «estrategia dilatoria» para impedir la comparecencia de Pedro Sánchez por el caso de la llamada «fontanera» Leire Díez, retrasando la calificación de las iniciativas hasta el cierre del periodo ordinario de sesiones. Meses antes, durante la investidura fallida de Alberto Núñez Feijoo, su equipo invalidó el voto erróneo de un diputado de Junts, una actuación que también generó críticas por parte de la oposición.
