Pedro Sánchez mantiene su intención de permanecer en La Moncloa hasta el final de la legislatura pese al desgaste provocado por los casos de corrupción que afectan a su entorno político y familiar y a la falta de una mayoría parlamentaria estable. Mientras el presidente defiende la continuidad de su Gobierno, los datos del propio Ejecutivo reflejan una importante parálisis legislativa: cerca del 70% de las leyes y reales decretos incluidos en el Plan Anual Normativo de 2025 continúa sin aprobarse.
Según un análisis de El Confidencial, basado en el último Informe Anual de Evaluación Normativa elaborado por el Gobierno, 19 de los 22 ministerios incumplieron buena parte de los compromisos adquiridos para 2025 y han trasladado numerosas iniciativas pendientes al ejercicio 2026.
En total, 13 departamentos mantienen sin aprobar más de la mitad de las normas que prometieron sacar adelante. A pesar de ello, el Ejecutivo sostiene que debe seguir «gobernando» y continúa anunciando nuevos proyectos legislativos.
Entre los casos más llamativos figuran tres ministerios que no han aprobado ninguna de las iniciativas comprometidas durante 2025. Se trata del Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun; el Ministerio de Juventud e Infancia, de Sira Rego; y el Ministerio de Igualdad, encabezado por Ana Redondo.
En el caso de Igualdad, siguen pendientes proyectos como la Ley contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia o la Ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos. Juventud e Infancia tampoco ha sacado adelante la Ley de Juventud y Justicia Intergeneracional ni la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.
La lista de ministerios con un elevado grado de incumplimiento se amplía a Derechos Sociales, Economía, Educación, Inclusión, Interior, Presidencia, Sanidad, Trabajo, Transformación Digital y Transición Ecológica, todos ellos con más de la mitad de las iniciativas aún pendientes.
La falta de avances también afecta a algunas de las normas que el Ejecutivo ha presentado como prioritarias. Entre ellas figuran varias iniciativas incluidas en el denominado Plan de Acción por la Democracia impulsado por Pedro Sánchez y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Siguen sin culminar su tramitación la Ley Orgánica reguladora del secreto profesional de los periodistas y la Ley Orgánica de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. También permanecen pendientes la Ley de democracia en la empresa o la Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial.
La parálisis alcanza igualmente a otras reformas como la Ley de Consumo Sostenible, la nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales o la modificación de la Ley Orgánica de financiación de los partidos políticos.
Frente a este balance, únicamente los ministerios de Exteriores, Defensa y Vivienda han ejecutado el 100% de los compromisos adquiridos para 2025. No obstante, tanto Defensa como Vivienda únicamente tenían previsto aprobar un solo real decreto durante todo el ejercicio.
El informe también refleja un criterio de contabilización que incrementa artificialmente el grado de cumplimiento. El Ejecutivo considera «aprobadas» normas que todavía no han recibido el respaldo definitivo del Congreso y que ni siquiera han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado.
Uno de los ejemplos es la Ley de Información Clasificada, todavía bloqueada en las Cortes. El texto contempla sanciones de hasta 2,5 millones de euros para periodistas que publiquen información declarada como «alto secreto» por el Gobierno.
Esta metodología explica que el Ejecutivo eleve al 36% el porcentaje de cumplimiento normativo, una cifra que previsiblemente sería inferior si sólo se contabilizaran las leyes definitivamente aprobadas y en vigor.
La acumulación de proyectos pendientes coincide además con el incumplimiento de otro de los compromisos anunciados por Sánchez. Un año después de presentar su Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, el Gobierno mantiene sin ejecutar el 90% de las medidas prometidas, mientras el presidente continúa trasladando a su equipo el mensaje de resistir en La Moncloa hasta el final de la legislatura.
