La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ya habla de incrementar los ingresos «con imposición general» -IVA, IRPF o Sociedades- para sostener el sistema de pensiones.
Doce días después de llegar a La Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que le ha saltado su primera gran crisis tras la dimisión de Màxim Huerta como ministro de Cultura y Deporte una vez conocido que defraudó a Hacienda 218.000 euros y que abonó por ello 366.000 euros, se ha reunido con los líderes de patronal y sindicatos en un encuentro en el que ha participado también la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.
Los secretarios generales de UGT y de CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, le han instado a derogar la reforma laboral de 2012 pero sin volver al marco anterior, «sino avanzar hacia un modelo más inclusivo y democráctico», una decisión que el Ejecutivo no contempla.
Ve viable lograr un acuerdo con los interlocutores sociales para «retocar» varios puntos de la actual legislación, logrando incluso consenso político, pero consciente de su debilidad parlamentaria -cuenta con 84 de 350 diputados- renuncia a derogarla completamente y a una de sus banderas en la oposición al Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy. En este sentido, la ministra ha señalado es posible lograr un acuerdo social y político que modifique puntos esenciales del estatuto de los trabajadores, pese a que es consciente «del lugar que ocupa» el Gobierno por la «aritmética parlamentaria».
Los agentes sociales han planteado los pormenores del acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que están pactando, y que supondrá un incremento salarial para los tres próximos años «de en torno» al 2 %, más un 1 % adicional, con un salario mínimo de 1.000 euros por convenio y una cláusula de garantía.
Valerio ha dado prácticamente por cerrado el acuerdo, el presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, ha dicho que «la intención es positiva» y los secretarios generales de UGT y CCOO han considerado que está «cercano pero no cerrado».
Subida de impuestos
El Pacto de Toledo ha confirmado se volverá a utilizar el IPC como referencia para revalorizar las pensiones -una línea roja del PSOE- y ha conseguido dejar la puerta abierta a una subida superior en los años de gran crecimiento económico empleando los indicadores que decidan los agentes sociales. Pese a todo, el acuerdo de no está cerrado porque los grupos políticos no han conseguido pactar la actualización que tiene que aplicarse en los años de recesión. En esta cuestión, la ministra que deben adoptar medidas para incrementar los ingresos del sistema y «racionalizar y reordenar los gastos».
El Gobierno estudia incrementar los ingresos del sistema vía Presupuestos Generales del Estado (PGE), con el impuesto a la banca -por el que se podrían recaudar entre 800 y 1.000 millones de euros al año- y una tasa a las transacciones financieras.
También establecería la ‘tasa google’, el nuevo impuesto a servicios digitales de grandes compañías tecnológicas que ya fue planteado por el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y con el que se prevé recaudar 600 millones en 2018 y otros 1.500 en 2019. Cabe señalar que cuenta con la oposición del sector digital, que se mostró soliviantado y la tildó de «despropósito»-. «Si tenemos un problema con las pensiones arréglalo, pero no con la economía digital», dijo Mar Alarcón, fundadora y CEO de SocialCar.
Valerio ha ido más allá y ha hablado incluso de incrementar los ingresos «con imposición general», aunque no ha concretado si esta subida afectaría al IVA, al IRPF o al Impuesto de Sociedades. «Tendremos que sentarnos y dialogar», ha declarado.
Jubilación de policías locales
La ministra de Trabajo se ha comprometido además a impulsar el real decreto pendiente para la jubilación anticipada a los 59 años de los policías municipales.
Se trata de una demanda que el PP recogió en una enmienda al proyecto del Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año y que fue aprobada por el Pleno del Congreso, si bien es el Ministerio de Hacienda el que tiene desde hace meses encima de la mesa un informe técnico al que aún no ha dado vía libre para convertirlo en real decreto y poner en marcha esa reivindicación.
En una reunión con Valerio, los miembros de la Plataforma nacional por el anticipo de la edad de jubilación de los policías locales y autonómicos han trasladado a la ministra que tienen constancia por sus antecesores en seguridad social de que el informe que faltaba está concluido.
Han tildado de «muy satisfactorio» el resultado de la reunión, ya que Valerio «conoce bien el proceso» y se ha comprometido a dar «prioridad» a la aprobación del real decreto «una vez recabe la información necesaria a través de Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social en funciones».
