Desde Ateava (Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna de AstraZeneca), en la que hay adscritos 122 afectados, han exigido al Gobierno que se reconozca su situación de incapacidad para trabajar como contingencia laboral o enfermedad profesional, dado que los perjuicios en su salud surgieron «tras ponerse la vacuna de AstraZeneca al tratarse de profesionales esenciales». Además, han solicitado un sistema de compensación por los daños causados por la vacuna.
El pasado 29 de abril, tal y como ha adelantado THE OBJECTIVE, los trabajadores esenciales perjudicados por la vacuna AstraZeneca recibieron un impulso de esperanza: el Ministerio de Sanidad los recibió para escuchar sus demandas. Sin embargo, minutos después salieron decepcionados de la reunión con Pedro Gullón, director General de Salud Pública, ya que Sanidad indicó que no es de su competencia reconocer sus situaciones como enfermedad profesional, aunque se comprometieron a actuar como enlace entre los ministerios pertinentes.
Un periplo agotador es el que han vivido desde entonces los miembros del colectivo de afectados por la vacuna de la covid desarrollada por AstraZeneca. Tras seis meses de reuniones con diversos departamentos, Ateava no ha logrado obtener un compromiso claro del Gobierno, ya que los diferentes departamentos se han pasado la responsabilidad unos a otros, mientras el desgaste físico y psicológico de los enfermos ha seguido aumentando. Resignados, sólo ven como salida recurrir a los tribunales.
Desde las primeras reuniones, a muchos de ellos les han diagnosticado encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica, varios procesos trombóticos, patologías cardíacas (miocarditis, infarto de miocardio), neuralgias (del trigémino, de Arnold), neuritis (vestibular, neuromielitis óptica), síndrome de Guillain-Barré, mielitis transversa, esclerosis múltiple, esclerodermia, sensibilidad química múltiple o electrohipersensibilidad. Todos estos diagnósticos médicos asocian estas patologías a la vacuna.
No fue hasta principios de 2024 (2 de febrero) cuando lograron su primer ‘éxito’: que la Fiscalía General del Estado les abriera sus puertas. No obstante, solo consiguieron el compromiso del fiscal de «trasladar la situación a las administraciones competentes». Posteriormente, tuvieron reuniones poco fructíferas con el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que no fueron más allá de escuchar a los afectados, «algo impensable hace un año», según señala Leticia Bravo, presidenta de Ateava, a THE OBJECTIVE.
Desde el departamento de Mónica García reconocían que los afectados por AstraZeneca «hemos sufrido desatención y hemos sido estigmatizados», relata Leticia Bravo. También señalan que desde el ministerio admiten que las vacunas —sin cuestionar su eficacia— «han producido efectos secundarios serios o muy serios en algunas personas», y por ello «es necesario evaluar lo que se hizo y cómo se hizo».
