La rapidez con la que Defensa ha actuado en esta situación contrasta con la indiferencia mostrada por el Gobierno ante Josep Lluis Trapero.
María Dolores de Cospedal ha confirmado este jueves que el Ministerio de Defensa ha abierto dos expedientes a varios militares permitir que dos civiles se subieran a un carro de combate y grabaran un vídeo refiriéndose al expresidente catalán Carles Puigdemont y al líder de Podemos, Pablo Iglesias.
NO.
Las personas subidas a un tanque amenazando a Puigdemont y a Iglesias no son militares. Son civiles.
Nos lo confirma el Ejército de Tierra y ha abierto una investigación. pic.twitter.com/Mz98BcYt4V
— MALDITO BULO (@malditobulo) 12 de diciembre de 2017
Las imágenes fueron grabadas el pasado viernes 8 de diciembre, cuando los dos hombres se subieron a un tanque que se dirigía a un hangar tras haber participado en una parada militar en la base de la Brigada Aragón con motivo de la fiesta de la Inmaculada Concepción, patrona del arma de Infantería.
El vídeo comenzó a difundirse por las redes sociales y la reacción de Defensa fue -esta vez sí- inmediata: informó de la puesta en marcha de una investigación. Este jueves, cuando ni siquiera ha transcurrido una semana desde el día en el que se produjo lo que para Cospedal supone “un comportamiento no aceptado en el ámbito militar”, se anuncia a bombo y platillo la apertura de expedientes disciplinarios.
“No se puede subir en un carro de combate a civiles en unas instalaciones militares”, ha espetado la ministra antes de advertir que “se tomarán las medidas que correspondan”.
La rapidez con la que el Departamento ha actuado en esta situación ha resultado sorprendente. Y es que el Gobierno no ha aplicado la misma contundencia en el caso, por poner un ejemplo, del que fuera mayor de los Mossos de Esquadra Josep Lluis Trapero.
El cuatro de octubre, la Audiencia Nacional citaba a Trapero como imputado por un delito de sedición por los graves sucesos del 20 de septiembre. Ese día, miles de radicales separatistas se agolparon ante el Departamento de Economía de la Generalidad, en Barcelona, para protestar por las detenciones de los organizadores del referéndum ilegal. Las protestas derivaron en violencia que obstaculizó la labor de los guardias civiles y de la secretaria judicial, que debió salir por una azotea.
El atestado de la Guardia Civil asegura que Trapero actuó “en conexión directa” con Oriol Junqueras y Carles Puigdemont para convertir a la Policía autonómica en el “brazo ejecutor” de su estrategia hacia la secesión.
24 días tuvieron que pasar para que, el 28 de octubre, el Ministerio del Interior anunciara -tras la aplicación del artículo 155 el día anterior- la destitución de Trapero como mayor del Cuerpo autonómico. Es decir, se le rebajó la categoría de ‘mayor b’ a ‘mayor a’ y fue relegado a un puesto administrativo en las oficinas de los Mossos de Esquadra en Travessera de les Corts, en Barcelona.
El funcionamiento interno de los Mossos de Esquadra se rige en base a la Ley 10/1994 de 11 de julio de la Generalidad de Cataluña. En el capítulo IV del mismo se establece una relación de faltas y las sanciones que conllevaría incurrir en ellas. En base al testimonio de la Guardia Civil, las actuaciones de la Fiscalía y la imputación por parte de la Audiencia Nacional, Trapero podría ser apartado del Cuerpo.
A día de hoy, más de dos meses después de que fuera imputado por atentar contra la unidad de España, mantiene empleo y sueldo de 84.650 euros al año. O lo que es lo mismo: 21.500 euros más que un general de división de la Guardia Civil y 33.700 más que un comisario principal de la Policía Nacional.
Y el Gobierno preocupado porque dos españoles se suben a un carro de combate y bromean con ir a visitar a Carles Puigdemont…
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