La aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario al exmiembro de ETA Gurutz Agirresarobe Pagola es el enésimo caso de terroristas que se han acogido a los criterios empleados por el Gobierno vasco de PNV y PSOE para flexibilizar el régimen de cumplimiento de sus condenas.
Agirresarobe, condenado por el asesinato del exjefe de la Policía Local de Andoain y dirigente socialista Joseba Pagazaurtundua en febrero de 2003, abandona diariamente la prisión de Basauri desde el pasado 27 de abril y regresa al centro penitenciario por la noche, en virtud de un programa individualizado de reinserción autorizado por el Departamento de Justicia del Ejecutivo autonómico, según publica El Mundo.
La medida ha sido concedida apenas cinco meses después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurriera la concesión de un tercer grado penitenciario al considerar «precipitada» la progresión de Agirresarobe hacia un régimen de semilibertad. El Ministerio Público argumentó entonces que el interno aún no había alcanzado las tres cuartas partes de la condena de 30 años que extinguirá en 2033 y que el número de permisos disfrutados hasta la fecha no acreditaba suficientemente su adaptación al medio abierto.
El Departamento de Justicia, dirigido por la consejera socialista María Jesús San José, sostiene que la aplicación del artículo 100.2 responde a planes específicos de reinserción social imposibles de desarrollar íntegramente dentro del centro penitenciario. Sin embargo, asociaciones de víctimas y sectores judiciales han cuestionado la utilización de este mecanismo excepcional. Covite calificó previamente de «fraudulenta» la tentativa de concesión del tercer grado a Agirresarobe y a otros dos condenados por terrorismo.
La situación coincide con varias resoluciones recientes de jueces de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional que han revocado medidas similares otorgadas por la administración penitenciaria vasca a otros exintegrantes de ETA. Entre los casos revisados figuran los de Soledad Iparragirre, Juan Manuel Carasatorre y Gregorio Vicario Setién. En una resolución fechada el 29 de abril, la juez Reyes Gimeno cuestionó la ausencia de un «plan de ejecución» concreto que justificara la aplicación del artículo 100.2 a Vicario Setién, condenado por secuestro y terrorismo.
Agirresarobe fue identificado por la Ertzaintza en 2010 mediante pruebas de ADN obtenidas durante una detención. La Audiencia Nacional le condenó a 30 años de prisión y le impuso además órdenes de alejamiento respecto de la familia de Pagazaurtundua y de San Sebastián. El Gobierno vasco no ha detallado públicamente los mecanismos de control aplicados para supervisar el cumplimiento de dichas restricciones durante el régimen de semilibertad.
