El etarra Joseba Mikel Latasa Getaria, condenado en los ochenta por el asesinato de la militante arrepentida conocida como Yoyes, deberá abandonar en un máximo de dos meses la vivienda pública que ocupaba en el barrio vitoriano de Salburua. Así lo determina una sentencia reciente de la Audiencia Provincial de Álava, que da por concluido un largo proceso judicial iniciado tras destaparse un fraude inmobiliario que llevaba años gestándose.
La resolución confirma el dictamen del Juzgado de Primera Instancia número 1, que ya en mayo ordenó su desahucio. Latasa recurrió entonces, pero la apelación no ha prosperado. Para el tribunal, existe evidencia suficiente de que el antiguo miembro de ETA, natural de Ordizia y uno de los primeros reinsertados de la banda, utilizó el piso social con fines lucrativos, pese a estar destinado exclusivamente a personas en situación de vulnerabilidad.
El origen de todo se remonta a febrero del año pasado, cuando la Ertzaintza lo arrestó tras agredir con un destornillador a una mujer dentro de la vivienda. Sólo después se supo que la víctima era una de las inquilinas a las que Latasa realquilaba habitaciones. Según fuentes cercanas al caso, madre e hija pagaban alrededor de 600 euros entre ambas por residir allí, pese a que el alquiler oficial del inmueble ronda los 250 euros mensuales.
Las pesquisas posteriores revelaron que no se trataba de un episodio aislado. Gracias a declaraciones, documentos aportados por Alokabide —la sociedad pública que le concedió la vivienda en marzo de 2021— y mensajes de WhatsApp aportados al proceso, quedó acreditado que al menos tres personas pasaron por ese domicilio como subarrendatarias. En las conversaciones intervenidas se discutían precios, condiciones y hasta el cambio del bombín de la cerradura, lo que para el tribunal es una prueba clara de que se gestionaba el piso como una fuente de ingresos.
El cálculo económico es contundente: entre 300 y 600 euros al mes por persona, lo que —según los magistrados— le habría permitido obtener cerca de 10.800 euros anuales. Y aunque judicialmente se ha podido acreditar esta práctica durante cuatro años y ocho meses, en el portal del propio edificio señalan que el trasiego de inquilinos comenzó mucho antes. «Desde que llegó en 2010», comentan los vecinos, que aseguran haber visto circular por la vivienda a numerosas personas durante largos periodos, mientras que su titular apenas aparecía «unas semanas sueltas».
La distancia entre su vida real y su domicilio oficial quedó igualmente en evidencia. Residentes de la zona y fuentes sanitarias confirman que Latasa pasaba la mayor parte del tiempo en Madrid, donde convivía con una amiga y donde fue tratado de problemas cardíacos en el Hospital Carlos III. En Salburua, por el contrario, su presencia era excepcional. «Aquí casi no se le veía», comentan quienes comparten manzana.
El piso, de unos 70 metros cuadrados y acompañado de garaje y trastero, tenía contrato vigente hasta marzo de 2026. Sin embargo, la sentencia lo invalida por incumplimiento grave de las condiciones del alquiler social. Tras siete meses desde su arresto, Alokabide presentó una demanda por fraude contractual que ahora culmina con una orden firme de desalojo.
La decisión judicial cierra definitivamente el camino a nuevas apelaciones. Y pone fin también a una situación que, según los vecinos y la propia Administración, se prolongó durante años a espaldas del verdadero propósito de estas viviendas: servir a personas que realmente no tienen otra alternativa.
