El Gobierno vasco ha elevado a 43 el número de propuestas de concesión de terceros grados para presos de ETA al sumar otras cuatro en el mes de abril, incluyendo a Joseba Arregi Erostarbe, Fiti, Aitor Esnaola y Mikel san Argimiro, a los que la Audiencia Nacional ya revocó meses atrás un primer intento de progresión al régimen de semilibertad.
Además de estos tres presos por delitos de terrorismo, en el mes de abril el Ejecutivo vasco ha progresado al tercer grado a Joseba Andoni Borde, según la informado recopilada por el Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).
De esta forma, el Gobierno Vasco suma ya 43 progresiones al tercer grado de presos etarras, de los que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha revocado diez, entre ellos el segundo intento de Fiti, de 77 años, y que volvió a prisión a mediados del mes de abril.
Desde 2018, con la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno y Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior —de quien depende Instituciones Penitenciarias— se han acordado 27 progresiones al tercer grado para presos de ETA, una prerrogativa que quedó en manos del Ejecutivo vasco por el traslado de presos a esta comunidad y el traspaso de la competencia en materia penitenciaria.
La Audiencia Nacional tiene pendientes de resolver doce recursos del Ministerio Público y otros cinco ya han sido inadmitidos, según los datos de la AVT. Los diez casos ya revocados son: ‘Fiti’, Aitor Esnaola, Gorka Martínez Ahedo, José Ignacio Bilbao Gaubeca, Mikel San Argimiro, Javier Atristain Gorosabel, Juan Carlos Subijana Izquierdo, Ainhoa Barbarin, Asier Carrera y Asier Rodríguez López.
Además, en el mes de abril constan otras tres libertades condicionales —Jon Crespo, Gorka Vidal y Sebastián Echániz—, por lo que la cifra se eleva a 26 desde 2019. La AVT también refleja en su Observatorio que el etarra Faustino Marcos quedó en libertad por cumplir su condena.
El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional envió este mismo mes de abril de vuelta a prisión a Arregi Erostarbe, Fiti, el histórico y veterano exdirigente de ETA, tras el recurso de la Fiscalía contra el tercer grado que le otorgó el Gobierno Vasco una semana antes.
La decisión se adoptó cinco meses después de que la Audiencia Nacional revocara la progresión al régimen de semilibertad. El histórico dirigente de ETA fue detenido en 1992 en Bidart junto a los otros dos jefes de la entonces cúpula de la organización terrorista, Francisco Múgica Garmendia, Pakito, y José Luis Álvarez Santacristina, Txelis.
En noviembre, tras revocar la Audiencia Nacional la primera propuesta y volver Fiti a prisión, la consejera vasca de Justicia, Beatriz Artolazabal, señaló que la Audiencia Nacional «sugería» aplicar un nuevo tercer grado, pero aludiendo a «cuestiones humanitarias». La propuesta, dijo, iba incluida en el mismo auto donde se rechazaba la semilibertad que había aprobado el Ejecutivo autonómico.
El auto aludía al artículo 114.4 del Reglamento Penitenciario, que recoge que la progresión a tercer grado se pueda hacer por «cuestiones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad» para aquellos penados «enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico».
En el caso de Aitor Esnaola Dorronsoro también es el segundo intento de progresión al régimen de semilibertad, tras el concedido por el Ejecutivo vasco en mayo de 2022. Se trata de un exmiembro etarra que formó parte de un proyecto estratégico para almacenar y distribuir explosivos a los grupo operativos, y que fue desmantelado en 2011.
Aitor Esnaola ingresó en la cárcel en abril de 2011 y cumple una condena de 18 años, cuyas tres cuartas partes verá satisfechas en 2024. Cuando se benefició del acercamiento a prisiones vascas por el fin de la política de dispersión, Instituciones Penitenciarias informó que este etarra aceptaba la legalidad y había enviado un escrito en el que manifestaba su rechazo a la violencia y reconociendo el daño causado.
Mikel san Argimiro, por su parte, lleva más de 20 años en prisión y a principios de 2021 había cumplido las tres cuartas partes de su condena. El recluso fue condenado, entre otros delitos, por intentar asesinar a los exministros socialistas José Barrionuevo y Matilde Fernández, así como por la colocación de un coche-bomba en las cercanías del Santiago Bernabéu el 1 de mayo de 2002 cuando se disputaba un partido entre el Real Madrid y el Barcelona.
