El horizonte judicial del expresidente catalán y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont se complica tras la decisión del Tribunal Supremo de abrir causa penal en su contra por un presunto delito de terrorismo en relación con la actuación de la plataforma independentista ‘Tsunami Democràtic’ en octubre de 2019. Esta nueva imputación da pie a nuevas aristas que incluirían previsiblemente un nuevo suplicatorio al Parlamento Europeo, supeditado a una eventual amnistía y a las elecciones europeas.
Fue este jueves, 29 de febrero cuando el Supremo resolvió sobre la petición del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de que el alto tribunal asumiera la investigación de Puigdemont por la condición de aforado que goza en calidad de eurodiputado. Ese mismo día, designó a la magistrada Susana Polo como la instructora del procedimiento.
Así las cosas, Polo será la encargada de dirigir la investigación sobre el líder catalán. Ya la Sala de lo Penal avisó de que lo pertinente sería citarle a declarar en calidad de investigado, pero la magistrada también podrá ordenar otras diligencias, como pedir informes a la policía judicial o citar a testigos para interrogarles por los hechos que se investigan.
Respecto a la citación de Puigdemont, fuentes jurídicas explican que la instructora, en un principio, puede llamarle a prestar una declaración voluntaria. Cabe recordar, sin embargo, que el juez Pablo Llarena —instructor de la causa del ‘procés’ en el Supremo— ya utilizó sin éxito esta fórmula en el procedimiento relativo al proceso separatista catalán y el referéndum ilegal del 1-O en el que el ‘expresident’ está procesado en rebeldía.
Puigdemont lleva más de seis años huido de la justicia española y actualmente pesa sobre él una orden nacional de detención que dictó el juez Llarena por la causa del ‘procés’. No obstante, las fuentes consultadas explican que si se arriesgara a regresar a España sin la amnistía vigente –cuando técnicamente se le podría detener– no tendría sentido arrestarlo por cuanto la mera existencia de una proposición de ley de amnistía supone un «pronóstico favorable» para el dirigente independentista.
