El Gobierno ha terminado por reconocer en un documento oficial lo que desde hace años denuncian los agentes desplegados en el sur de España: el narcotráfico se ha convertido en una amenaza directa para la seguridad nacional y para la integridad de las instituciones del Estado. El nuevo Informe de Seguridad Nacional, elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional dependiente de Moncloa y adelantado por El Mundo, alerta de que «el tráfico de drogas y, particularmente de cocaína, se mantiene como una de las mayores amenazas para la salud y seguridad de la ciudadanía, así como para la integridad de las instituciones públicas y privadas».
La publicación del informe coincide con un momento de máxima tensión tras la muerte de dos guardias civiles el pasado viernes en Huelva durante una persecución a una narcolancha. También llega después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fuese abucheado durante una jura de bandera en Baeza (Jaén), en una pitada que obligó incluso a interrumpir el acto.
El documento, aprobado el pasado 26 de abril por Seguridad Nacional y remitido al Congreso este lunes con la firma del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, choca además con las declaraciones de la ex vicepresidenta y candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, que calificó inicialmente la muerte de los agentes como un «accidente laboral» antes de rectificar horas después.
El informe describe un escenario de creciente violencia y sofisticación criminal. Según el texto, los agentes se enfrentan a «mafias» cada vez más vinculadas a organizaciones iberoamericanas que emplean «armas de guerra«, sistemas avanzados de vigilancia y embarcaciones de alta velocidad que dejan en clara inferioridad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
«Los narcotraficantes, en ocasiones, no dudan en embestir vehículos terrestres y embarcaciones cuando perciben riesgo de interceptación o pérdida de la droga, evidenciando una mayor agresividad hacia los agentes», señala el documento oficial. El informe añade además que «se han mantenido las agresiones y hostigamientos» contra guardias civiles.
El texto vincula directamente parte del aumento de la violencia en España al narcotráfico y advierte del «efecto multiplicador de la corrupción» derivado del tráfico de drogas. También alerta del cambio de modelo operativo de las organizaciones criminales, que han intensificado el uso de lanchas rápidas frente al transporte tradicional en contenedores.
Las conclusiones del informe respaldan muchas de las denuncias realizadas desde hace años por asociaciones policiales y de guardias civiles. El documento reconoce que las organizaciones criminales utilizan «embarcaciones de alta velocidad que recogen grandes cantidades de cocaína en alta mar» antes de introducirla en territorio español.
Moncloa admite igualmente la consolidación en España de mafias iberoamericanas que ya no actúan únicamente como apoyo logístico, sino que participan «directamente en importación y distribución del mercado minorista«. «Estas organizaciones destacan por su movilidad, capacidad de adaptación y elevado grado de violencia», subraya el informe.
El documento también pone el foco sobre la fragmentación de los cargamentos para dificultar las operaciones policiales. «Ninguna incautación suele superar las 1,5 toneladas, lo cual sugiere diversificación, limitación del tamaño del envío y sofisticación en las instalaciones portuarias«, recoge el texto.
El informe concluye alertando del uso creciente de «armas de guerra u otro material bélico, así como sofisticados medios de monitorización por parte de las organizaciones criminales», una situación que, según reconoce el propio Gobierno, incrementa de forma considerable la complejidad y el riesgo de las operaciones contra el narcotráfico.
