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Están bajo la lupa al menos ocho contratos por valor de casi 52 millones de euros

El juez del caso Koldo pide 5.000 euros de fianza a VOX para personarse en la causa

El juez del caso Koldo pide 5.000 euros de fianza a VOX para personarse en la causa
Koldo García. Europa Press

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el «caso Koldo», centrado en el cobro de comisiones ilegales por la venta de material sanitario durante la pandemia, ha solicitado a VOX el depósito de una fianza de 5.000 euros para formalizar su personación en la causa. «La Fiscalía depende del Gobierno, pero la acusación popular de VOX irá hasta el final, caiga quien caiga», manifestó la pasada semana el jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé.

La AN investiga a siete personas en el caso… y entre los investigados figura el mencionado Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye a todos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

Para el Ministerio Público, hay indicios suficientes para concluir que existe «una organización criminal» con «conciertos previos» que se dedicó a «conseguir la adjudicación» de contratos. Los cobros habrían sido obtenidos por Koldo García «para mediar y conseguir» dichas adjudicaciones. También se habrían llevado a cabo «operaciones para ocultar estos cobros, así como para evitar la trazabilidad de los ingresos obtenidos como consecuencia de las adjudicaciones irregularidades».

En el caso Koldo están bajo la lupa al menos ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros. La Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre los contratos firmados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares para el suministro de mascarillas con la trama.

«En base a la información recabada se tomó la decisión de iniciar formalmente la investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias de conformidad con la legislación nacional y el Reglamento de la Fiscalía Europea», señaló.

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