El juez del Supremo, Ángel Hurtado, instructor de la causa contra el fiscal general del Estado por la filtración de datos reservados del entorno personal de Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado la opinión de las partes implicadas sobre una posible suspensión inmediata del alto cargo en cuanto se dicte la apertura de juicio oral, lo cual se prevé que ocurra en breve. La consulta, dirigida tanto a la Fiscalía como a las acusaciones personadas, plantea si se debe apartar a Álvaro García Ortiz del ejercicio de sus funciones antes de que se celebre el juicio.
La petición de Hurtado se produce tras el visto bueno emitido esta misma semana por la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, que avaló la instrucción realizada hasta ahora y confirmó el procesamiento del actual jefe del Ministerio Público. Con este respaldo, el magistrado ha reactivado el procedimiento, que había quedado en suspenso a la espera de esa resolución, y ha abierto un plazo de tres días para que las partes se pronuncien sobre la solicitud de suspensión.
Quien ha impulsado la petición de apartar ya al fiscal general es la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que actúa como acusación popular y solicita una condena de hasta seis años de prisión para García Ortiz. El motivo: haber difundido presuntamente datos confidenciales vinculados a la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La reactivación de la causa por parte del juez Hurtado marca un punto de inflexión en uno de los casos judiciales más sensibles del ámbito institucional español, que pone en entredicho la neutralidad del Ministerio Público y podría derivar en una inédita suspensión del fiscal general antes incluso del juicio.
