El juez Peinado señala a Marlaska y prepara una ofensiva judicial contra el ministro del Interior, según avanza The Objective. El magistrado que dirige la causa contra Begoña Gómez ha iniciado el trámite de un acto de conciliación, paso previo a una querella por injurias y calumnias, tras las palabras que el dirigente socialista pronunció en una entrevista televisiva en julio de 2024. En aquel programa, el ministro cuestionó la instrucción, insinuando que podía haber causado «indefensión» a la esposa del presidente y acusando al juez de «retorcer la ley» con fines ajenos a la justicia.

Peinado reclama que Marlaska rectifique públicamente, niegue que se trate de una investigación prospectiva y se disculpe por haber sugerido que actuaba de manera arbitraria. Además, exige que se retiren todos los materiales —tanto audiovisuales como impresos— donde se recojan las declaraciones del ministro. Si no lo hace, la indemnización reclamada asciende a 50.000 euros en concepto de daños morales y perjuicios por el impacto mediático de esas afirmaciones.

La querella se plantea ahora para evitar que prescriba el delito de injurias y calumnias, ya que el Código Penal fija un plazo máximo de un año desde que se tiene conocimiento de los hechos. Las fuentes jurídicas consultadas subrayan que el magistrado se ha visto obligado a actuar antes de lo previsto: prefería esperar a que finalizara la instrucción o a su jubilación, que llegará en septiembre del próximo año, cuando cumpla la edad reglamentaria de 72 años.

Este movimiento no es aislado. Hace unas semanas, El Confidencial adelantó que Peinado ya había presentado varias demandas de conciliación contra tertulianos como Antón Losada y Ernesto Ekaizer, contra el exlíder de Podemos Pablo Iglesias y contra el ministro de Transportes, Óscar Puente. Todos ellos habían lanzado acusaciones de prevaricación, parcialidad o nula solidez jurídica en la causa contra Begoña Gómez.

Las críticas desde el Gobierno se han multiplicado desde que el juez imputó a la esposa de Sánchez en abril de 2024. El propio presidente acusó al magistrado de emprender una campaña de desgaste político en la carta en la que anunció su breve retirada temporal de la vida pública. Posteriormente, en entrevistas y declaraciones, ha llegado a insinuar que el juez incumple la ley.

Puente ha sido especialmente duro: en una entrevista con eldiario.es calificó la instrucción de «viaje a ninguna parte, burda y miserable, una nulidad de libro». Iglesias, por su parte, lo llamó «prevaricador» en TVE, mientras que Losada afirmó que estaba «a milésimas de segundo de incurrir en prevaricación».