El magistrado Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid y que dirige la causa que investiga a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, está considerando citar como testigo a Reyes Maroto, exministra de Industria y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.
Durante su gestión en el ministerio, Maroto realizó varias modificaciones en un expediente de contratación de 217 millones de euros que favoreció a la empresa Globalia, según desvela este miércoles El Debate. Mientras esto sucedía, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantenía reuniones con la cúpula de la aerolínea.
La decisión del juez se estaría evaluando tras la última ampliación de la querella presentada por la organización Hazte Oír, la cual incluye el expediente de contratación 54/17 otorgado a Globalia. Este contrato, que alcanzaba los 285,6 millones de euros, fue adjudicado desde varios ministerios, incluido el de Industria, cuando Mariano Rajoy aún era presidente. Sin embargo, tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, los contratos fueron modificados varias veces, con prórrogas que no pasaron por concurso público y que beneficiaron económicamente a la aerolínea.
Uno de los contratos adjudicados por los ministerios de Industria, Hacienda, Economía y Turismo correspondía al lote 2, con un valor inicial de 62 millones de euros, destinado a los «servicios de agencia de viajes para la Administración General del Estado», cubriendo los vuelos de altos cargos. Bajo la dirección de Maroto y otros responsables socialistas, se aprobaron dos ampliaciones de este contrato, una por 23,25 millones y otra por 38,75 millones, lo que llevó el monto total a 133 millones de euros.
Un segundo lote, inicialmente valorado en 42 millones de euros, también fue objeto de dos prórrogas, gestionadas por Presidencia del Gobierno y otros ministerios, que elevaron el valor del contrato a 82 millones. Las ampliaciones se justificaron alegando «razones de interés público», aunque expertos en contratación pública consultados por El Debate han señalado que esta podría ser una táctica para que el adjudicatario inicial, Globalia, continuara con el servicio, impidiendo que competidores pudieran asumirlo.
Las prórrogas de ambos contratos cubrieron el periodo del 6 de abril de 2020 al 5 de abril de 2022. Durante este tiempo, Begoña Gómez se reunió con Javier Hidalgo, entonces consejero delegado de Air Europa y figura clave en Globalia, quien dimitió en abril de 2021 tras la venta de la marca y la fusión de sus agencias de viajes con el Grupo Barceló.
Globalia, por su parte, afirmó que las adjudicaciones iniciales se realizaron durante un Gobierno anterior, aunque reconocen que las prórrogas fueron gestionadas por el Ejecutivo socialista. La empresa asegura que estas extensiones son prácticas habituales y rechazan cualquier acusación de irregularidades o trato de favor.
Paralelamente, Maroto ha estado implicada en otras polémicas relacionadas con casos de corrupción. Uno de los más destacados fue la inyección de 8,3 millones de euros que su ministerio otorgó a una empresa vinculada a Juan Carlos Martínez, esposo de la exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez, quien dimitió debido a las implicaciones judiciales de su cónyuge en el caso de los ERE en Andalucía.
Además, Maroto adjudicó medio millón de euros a una consultora encargada de gestionar el pago de nóminas de la cátedra extraordinaria que dirige Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), asunto que también está siendo investigado por el juez Peinado.
