El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama atribuye al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el cobro presuntamente irregular de 1,95 millones de euros en comisiones, en el marco de una investigación que le ha llevado a citarle a declarar el próximo 2 de junio.
Según expone el magistrado en su resolución, los fondos bajo sospecha habrían sido canalizados a través de varias sociedades y habrían terminado tanto en el propio exdirigente socialista como en Whathefav, una empresa vinculada a sus hijas. Entre los elementos que refuerzan esta línea de investigación figura la creación de una sociedad en Dubái —Landside—, que, de acuerdo con el auto, podría haber sido diseñada para recibir ingresos en el extranjero y dificultar su seguimiento dentro de España.
El juez apunta que esta estructura societaria internacional se habría articulado con la participación del empresario Julio Martínez y con la colaboración de personas del entorno directo de Zapatero. La proximidad temporal entre la constitución de esa firma y determinados contratos vinculados al rescate de Plus Ultra —operación financiada con 53 millones de euros de fondos públicos— es considerada un indicio relevante dentro de la causa.
En cuanto al origen del dinero, el auto identifica varias vías de entrada. Una de ellas es la consultora Análisis Relevante, administrada por el propio Martínez, que habría transferido cerca de medio millón de euros al expresidente, además de otros importes a la empresa familiar. Esta firma percibió ingresos tanto de la aerolínea rescatada como de otras compañías, entre ellas Inteligencia Prospectiva, Softgestor o Grupo Aldesa.
Otra de las piezas clave señaladas en la investigación es Gate Center, un laboratorio de ideas en cuyo consejo asesor participa Zapatero, así como la empresa Thinking Heads, vinculada a su gestión. Desde estas entidades se habrían realizado nuevas transferencias que, sumadas, elevan de forma significativa el volumen total de fondos bajo sospecha.
Pese a ello, el expresidente ha defendido públicamente la legalidad de estas percepciones económicas. En su comparecencia en el Senado aseguró que los ingresos respondían a trabajos de consultoría perfectamente justificados, consistentes en la elaboración de informes y asesoramiento tanto oral como escrito.
La resolución judicial, sin embargo, pone el acento en el recorrido del dinero y en la posible interconexión entre las distintas sociedades implicadas, lo que, a juicio del instructor, podría evidenciar un sistema diseñado para desviar fondos y ocultar su trazabilidad. La investigación continúa abierta y pendiente de nuevas diligencias que permitan esclarecer el alcance real de estas operaciones.
