El Ministerio de Transformación Digital, bajo la dirección de Óscar López, ha sido designado como el órgano principal para supervisar a los medios de comunicación en la nueva estrategia del Gobierno para controlar el flujo informativo en España. El Plan de Acción por la Democracia, presentado recientemente, le otorga a este ministerio mayores competencias, sumadas a un refuerzo en la vigilancia de las cadenas de televisión, la concesión de licencias de TDT y la gestión del espectro radiofónico. Con estas nuevas atribuciones, el ministerio se convierte en una pieza clave en la estructura de control de medios que pretende implementar el Ejecutivo.
Según fuentes cercanas a estos movimientos consultadas por The Objective, la nueva normativa proporcionará al Ministerio de Óscar López un rol central en este proceso. Aunque desde Moncloa aseguran que el objetivo es «fortalecer la transparencia democrática», los críticos temen que estas medidas estén dirigidas a ejercer un mayor control sobre los medios que resultan incómodos para el Gobierno, mientras se favorece a los grupos afines a Pedro Sánchez. Estas fuentes señalan además que el ministerio contará con la colaboración puntual de la Secretaría de Estado de Comunicación y el equipo más cercano del presidente para implementar esta normativa.
Uno de los aspectos más polémicos de este plan es la posibilidad de destinar 100 millones de euros en ayudas públicas a medios alineados con el Gobierno, mientras se incrementa la supervisión sobre aquellos que mantienen posturas más críticas. Estas ayudas, que gestionará el Ministerio de Transformación Digital a través de la Secretaría de Digitalización e Inteligencia Artificial, se justificarán bajo el pretexto de promover la digitalización de los medios. Sin embargo, muchos temen que la verdadera intención sea reforzar a los medios cercanos al Ejecutivo.
No es casual que Óscar López, uno de los asesores más influyentes del presidente durante los últimos años, sea el encargado de liderar este proyecto. Tampoco sorprende que su mano derecha en esta tarea sea Antonio Hernando, su número dos en el ministerio, quien fue parte de la consultora Acento, el mayor grupo de lobby en España con estrechos vínculos con el Gobierno.
En cuanto a la concentración mediática, una de las responsabilidades que asumirá el Ministerio de Transformación Digital será la revisión del marco regulatorio para evitar que pocos grupos acumulen demasiado poder sobre el panorama informativo. El objetivo de esta normativa, según fuentes consultadas, es controlar las fusiones y adquisiciones en el sector de los medios de comunicación, otorgando al Ejecutivo la capacidad de intervenir en cualquier operación que considere perjudicial para el pluralismo informativo.
El control sobre los medios también se reforzará a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que recibirá nuevas competencias en el ámbito de los servicios digitales y los medios de comunicación. Esta entidad deberá establecer un registro de los medios, con información sobre su propiedad y la publicidad que reciben. A pesar de que sus atribuciones no serán muy diferentes a las actuales, el ministerio de López asumirá la labor de fiscalización de las telecomunicaciones y televisiones.
En lo que respecta a la publicidad institucional, esta seguirá bajo la supervisión de la Secretaría de Estado de Comunicación, dependiente del Ministerio de Presidencia, aunque con el asesoramiento de Transformación Digital. Se busca que todas las administraciones públicas publiquen anualmente sus gastos en publicidad y que la Ley de Publicidad Institucional se modifique para garantizar criterios de transparencia, equidad y no discriminación en la asignación de estos recursos.
Otro punto relevante es la introducción de nuevos límites a la financiación pública que pueden recibir los medios de comunicación, con el objetivo de evitar que dependan de las administraciones. Además, se promoverán medidas de apoyo a medios que publiquen íntegramente en lenguas oficiales distintas del castellano.