La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha presentado una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para saber si un condenado por asesinato y violación, que pidió que se refirieran a él con el nombre de una mujer sin haber realizado el cambio de sexo registral, ingresó en una cárcel femenina.
En un comunicado, la asociación de feministas también ha denunciado que el Ministerio del Interior «oculta información sobre la presencia de varones autoidentificados mujeres» en las prisiones femeninas y ha cuestionado el motivo por el que, a su juicio, prevalece «la opacidad frente a los derechos fundamentales, libertades básicas y seguridad de las mujeres presas».
Según el relato de Alianza, se trata de un caso publicado en medios de comunicación el 31 mayo de 2021 donde se informaba que un autor confeso del asesinato de su prima pidió por medio de su abogado que le llamen por el nombre de Lorena, «puesto que había iniciado un proceso de cambio de sexo dentro del centro penitenciario».
En relación con esa noticia, solicitaron al Portal de Transparencia de la Administración información sobre si el condenado ingresó en una cárcel de mujeres y la Secretaría de Instituciones Penitenciarias contestó aludiendo a una instrucción sobre la integración penitenciaria de personas transexuales, que establece que «la responsabilidad del reconocimiento de la identidad psico-social
a efectos de separación penitenciaria recae sobre el personal de Instituciones penitenciarias y ni siquiera se exige que se haya procedido al cambio de sexo registral del interesado».
Asimismo, las feministas han denunciado que el Ministerio del interior «no indica expresamente si ha procedido al ingreso en una cárcel de mujeres» y señala que «los datos específicos de cada supuesto pertenecen a la parcela más íntima y personal de sus titulares».
«Conocer el ingreso de una persona y la separación en el interior de los establecimientos teniendo en cuenta, con carácter prioritario, los criterios de sexo, edad y antecedentes delictivos no parece afectar al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que
requieran una especial obligación de tutela o garantías de anonimato», ha defendido la Alianza.
Así, han recordado al Ministerio del Interior «que no está reclamando información sobre la ubicación exacta del preso, sino si este ha sido internado en una cárcel de mujeres«.
Para la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que ha dado el soporte jurídico a la queja, «los derechos en riesgo son los de las mujeres presas, sus libertades y seguridad básica«. En el escrito recuerdan que las mujeres presas son «un colectivo de especial
vulnerabilidad, con escasos datos, estadísticas e informes oficiales y actualizados sobre su situación».
En este contexto, han reclamado «realizar un juicio de proporcionalidad o ponderación de derechos en base a la petición de datos» y ha recordado «que es un derecho conocer y clarificar si dicha persona se encuentra actualmente alojada en un módulo de hombres o de mujeres«.
«Estamos ante un caso de una persona, con DNI con mención registral de sexo varón, que confesó haber matado a su prima de 30 martillazos que acabaron con su vida y que cuando agonizaba la violó con objetos por vía anal y vaginal y eyaculó sobre su cadáver. Esta persona pidió en el juicio ser llamado Lorena y afirmó que se sentía mujer», ha subrayado el comunicado.
