Ángel Víctor Torres está cerca del banquillo. Cada minuto que pasa se estrecha el cerco del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, que acordó contratos millonarios con la empresas Soluciones de Gestión, vinculada a Koldo García y a la trama de corrupción del PSOE, durante su tiempo como presidente del archipiélago canario.
El Gobierno de Víctor Torres está relacionado con «irregularidades en la contratación pública de empresas suministradoras de material sanitario». Así lo aclara un informe de la Unidad Central Operativa de la Policía Judicial de la Guardia Civil. En el documento ahora publicado se explicitan las condiciones millonarias en al menos tres de los contratos adjudicados a la empresa pantalla por el Servicio Canario de Salud.
Tal y como apunta la UCO, el Gobierno del actual ministro modificó a posteriori los contratos de la trama Koldo «para dar cobertura justificativa» a la compra de miles de mascarillas. Un informe que se centra en «la justificación de por qué se decidió contratar con Soluciones de Gestión». Entre los motivos no está el precio, dado que la sociedad de Víctor de Aldama, Koldo García y vinculada a José Luis Ábalos ofrecía el material sanitario a precios mucho mayores que la competencia.
Según ese mismo documento de la Guardia Civil, el Ejecutivo canario adjudicó un contrato por valor de cinco millones para la compra de mascarillas quirúrgicas a Soluciones de Gestión. Una partida que, como otras tantas por toda España, llegó defectuosa y que, pese a ello, se dio «cobertura justificativa a esas entregas de material que se habían realizado previamente».
Una «cobertura justificativa» que «no se justificaría», puesto que no existía entonces ningún documento que reflejara el contrato acordado entre la Administración del archipiélago y la empresa vinculada a Koldo. La operación se cerró con la cifra de casi siete millones de euros por unos lotes de 2,5 millones de mascarillas, que finalmente fueron tres millones. Todo ello, «sin que haya documentación que justifique que se hubiera entregado esa diferencia».
Según el documento de la UCO, que ahora estrecha el cerco sobre el ministro Ángel Víctor Torres, «se desconoce cómo se pactaron las condiciones de adjudicación del contrato». Una preocupación que el ministro ha querido desechar pero que ubica las miradas de la Guardia Civil en su etapa al frene del archipiélago. Precisamente porque los documentos públicos de la contratación las mascarillas reflejadas en el acuerdo que figura en la web de contratación pública «no concuerdan ni con las actas de entrega ni con la factura proforma» que presentó Soluciones de Gestión.
