35 cruces retiradas por orden municipal, la mayoría de ellas demolidas; 12 más destruidas por vandalismo anónimo, habitualmente justificado como «lucha antifascista»; y 129 cruces más en peligro por iniciativas en marcha o anunciadas para retirarlas del lugar que ocupan en plazas, ciudades o pueblos. Este panorama revela la existencia de una auténtica «cruzada contra la cruz», valga la paradoja, que se ampara en las leyes de memoria histórica para borrar su presencia del espacio público.
El argumento que se utiliza en la mayoría de los casos es que las cruces retiradas, o en peligro, fueron colocadas en los pueblos y ciudades por los vencedores de la Guerra Civil, una vez terminada la contienda, con inscripciones alusivas a los caídos del bando nacional. Se trataría, por tanto, de elementos de exaltación política. La mayoría de esas cruces, sin embargo, llevan más de 80 años conviviendo en paz con los vecinos, que en muchos casos ignoran su origen, ni su motivación inicial, convertidas en lugares de encuentro vecinal y hasta en referentes de las localidades donde se asientan. Pero de unos años para acá las leyes de memoria histórica las han «resignificado» como elementos de confrontación política y religiosa, muy a su pesar.
Este debate se ha desatado con especial virulencia en los últimos días en torno a la basílica del Valle de los Caídos, presidida por la cruz más elevada de la cristiandad, y que no pocos consideran amenazada también, pese a la promesa gubernamental de respetarla. La «resignificación política» que la izquierda ha realizado del Valle ha convertido un monumento dedicado a la reconciliación en insoportable vestigio franquista. Vestigio que ahora necesita ser resignificado bien, «del modo correcto».
El carácter artificioso, y forzado, de esa politización se pone en evidencia en el caso de Casar de Cáceres. En el pleno que aprobó el derribo de la cruz dedicada a los caídos, en el 2021, el alcalde del municipio, Florencio Rincón, admitió que los socialistas, que llevaban 42 años gobernando el municipio por entonces, nunca se habían planteado quitar la cruz. Pero se veían obligados a hacerlo a causa de un requerimiento de la Diputación Provincial, que les amenazaba incluso con la pérdida de subvenciones si no cumplían la ley de Memoria Histórica de Extremadura. La ley, y la interpretación de la ley realizada por una comisión de expertos integrada mayormente por asociaciones memorialistas y gentes de izquierdas. No por casualidad la región de Extremadura es la más activa de España en el desmantelamiento de cruces públicas. Quizás como castigo divino, otros dirán que a causa del karma, el PSOE perdió las elecciones de Casar en el año 2023.
Un reciente fallo del juzgado de lo contencioso administrativo de Palencia pone el foco en el problema: la cruz es un símbolo religioso —probablemente el más potente de todos los que se puedan concebir— que no puede circunscribirse al uso político que un bando de la contienda fratricida pudiera hacer de él. El magistrado palentino destaca que el sentimiento religioso que la cruz invoca «no puede considerarse patrimonio único de los denominados caídos» porque «a buen seguro también murieron creyentes que combatían en el bando republicano». Y remacha: «Asimilar política a religión hoy no tiene cabida alguna».
Sin embargo, los hechos parecen cuestionar tales afirmaciones. Cuando miembros no identificados del colectivo Ernai, vinculado a Bildu, derribaron la cruz de la dársena de Portu, en Baracaldo, lo hicieron en el marco político de la «lucha antifascista». ¿La razón? Este monumento de tres metros de altura fue erigido durante la dictadura para honrar a 96 asesinados del bando nacional en dos barcos que habían sido convertidos en prisiones flotantes, entre septiembre y octubre de 1936. El Ayuntamiento de Baracaldo condenó los hechos, pero, como no pudo identificarse a los autores, la destrucción quedó impune. Algo que ocurre habitualmente con las cruces vandalizadas.
La misma organización, Ernai, asumió a finales de 2021 la autoría de la destrucción de la cruz del Monte Burunza, un símbolo de diez metros de altura que coronaba el monte de la localidad desde 1939. Su destrucción causó dolor entre una parte de los vecinos de este barrio que veían la cruz como seña de identidad. La mayoría desconocía el significado político del símbolo. Es más, un informe del Archivo Municipal de Andoain señalaba que antes de la erección del monumento por encargo de Falange ya existía otra cruz en la zona que gozaba de gran devoción popular.
«Hay una cristianofobia de fondo», asegura Polonia Castellanos, la presidente de la Federación Española de Abogados Cristianos (FEAC), organización que ha intervenido en no menos de medio centenar de casos en la última década para detener este furor destructor de símbolos religiosos. A su juicio es reveladora la confluencia de ataques contra los cristianos, como si se les quisiera encerrar en el armario de las creencias particulares. La eliminación del sentimiento de ofensa a los sentimientos religiosos es uno de ellos, pero también lo es «la criminalización de los católicos con los casos de pederastia, pese a que los cometidos en la Iglesia son una mínima parte del problema», opina Polonia Castellanos. «Contra la Iglesia Católica todo vale».
Una prueba clara de que el rechazo a la cruz va más allá de su uso político por el franquismo lo encuentra la abogada en el caso del monumento a Juan Pablo II en el Monte del Gozo, en Santiago de Compostela, que también incluía una cruz. Allí no mediaba contaminación franquista alguna —se erigió como conmemoración de la visita del Papa en 1989— pero, pese a ello, la Xunta de Alberto Núñez Feijoo decidió retirarlo alegando el mal estado de la instalación. Nadie se planteó arreglarlo. Y las placas que lo sustituyeron terminaron desapareciendo años después. «Los ataques contra las cruces y los cristianos se hacen por odio, por desviar la atención y por dinero, porque la destrucción de las cruces se encarga a amiguetes y afiliados«, opina Castellanos. Y añade un argumento más: «Quieren cambiar la Historia».
Hay varios ejemplos que apuntan en esa dirección. El primero, que muchas intervenciones de memoria histórica buscan ocultar episodios ominosos protagonizados por el bando republicano. Esa razón es la que parece subyacer en la inclusión en la Guía de Vestigios de Badajoz de una placa urbana del casco de Talarrubias con la denominación ‘Calle Virgen de la Cabeza’. La razón por la que se considera vestigio franquista es que el nombre puede estar relacionado con el asedio al santuario de Nuestra Señora de la Cabeza por parte de tropas republicanas durante la Guerra Civil. El asedio, que duró nueve meses, se dirigió contra un grupo de unos 200 guardias civiles y cerca de un millar de civiles particulares en el citado santuario de Andújar. Esta es la explicación que la propia guía ofrece, de la que sólo cabe deducir que el pecado de la placa es recordar, indirectamente, un episodio cruento republicano no especialmente honroso. Y algo similar puede decirse de la Cruz de Baracaldo, que también recordaba un episodio de abuso del bando republicano.
Polonia Castellanos cree que las leyes de memoria histórica imponen una visión desequilibrada según la cual honrar a los caídos de un bando es exaltación y sesgo político, mientras que honrar a los del otro es lo natural y lo justo. «En Dueñas y en Vall de Uxó justo enfrente de las cruces hay placas que recuerdan a las víctimas republicanas y nadie se plantea quitarlas».
El sesgo anticristiano se percibe también en la selección de algunos de los supuestos «restos franquistas» incluidos en las Guías institucionales. En el caso de la Guía de Badajoz se da el curioso caso de que en su ficha 192 se incluya una imagen de Cristo Crucificado colocada en 1985, en un terreno privado en Almendralejo, difícilmente vinculable a las autoridades franquistas. Su presunto pecado es su inscripción: «Por todos los que perdieron sus vidas en las guerras de España». El cristo, instalado ya con la democracia asentada, está adosado a la pared exterior del ábside de la Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Su nombre, Cristo de la Paz, revela que no son necesarios dos para iniciar una guerra si uno quiere.
Normalmente las medidas más drásticas van dirigidas contra cruces instaladas en el espacio público, pero el ejemplo anterior muestra que las autoridades no paran en barras para intervenir incluso dentro de edificios religiosos o en espacios privados.
Otra modalidad de ataque es la que elude la mención a las leyes de memoria histórica y prefiere apoyarse en argumentos «técnicos». Es el caso de la última victoria judicial de Abogados Cristianos, que ha visto como se suspendía cautelarmente el derribo de la cruz de Bezas, en la sierra de Albarracín (Teruel). En este caso la decisión había sido adoptada por una corporación popular apelando al peligro «medioambiental» y para la seguridad ciudadana que suponía la existencia de un desconchón parcial en la estructura; peligro señalado por un gobierno regional también popular. Sin embargo, ese mismo daño lleva acompañando a la cruz desde hace cuatro décadas sin causar ningún problema, tal y como alegó la asociación de juristas. Y, en todo caso, puede repararse: «La instalación de un pararrayos adecuado y la reparación de los daños existentes podrían ser alternativas menos lesivas», argumentó Abogados Cristianos.
En el municipio valenciano de Benifayó, en 2022, la excusa fue la remodelación de la plaza en la que estaba instalada la cruz. La alcaldesa, por si había duda del componente fóbico de la decisión, ordenó el derribo a golpes de pala excavadora. Otro ejemplo más, en Barrado el PSOE perdió las elecciones en 2023 y ante la expectativa de que la retirada de la cruz pudiera suspenderse, un tractor la derribó sin ninguna autorización.
Los criterios que permiten desvincular el símbolo religioso de su utilización política han cambiado a lo largo del tiempo. Un caso muy expresivo es el de la Cruz del Llanito de la Descalza, en Aguilar de la Frontera (Córdoba). Al comienzo de la democracia, el Ayuntamiento cambió la lápida original, que sólo hacía referencia a los «caídos en la cruzada de liberación nacional», por otra que homenajeaba a todas las víctimas: «En memoria de los caídos en la Guerra Civil española». Entonces pareció suficiente.
Sin embargo, esta segunda placa fue también retirada y en 2021 la alcaldesa ordenó la demolición y destrucción de la cruz. En este caso no se apeló a la Ley de Memoria Histórica sino a la existencia de filtraciones de agua y a que la cruz tapaba la vista del monasterio. Este es uno de los casos, sin embargo, en los que la historia termina bien, porque la acción judicial del colectivo Abogados Cristianos permitió recuperar la presencia de la cruz, con una nueva de hierro, en el mismo espacio público original.
No es el único caso en el que una cruz retirada es posteriormente repuesta. La cruz de Bechí, en Castellón, fue retirada por orden municipal apelando a razones de seguridad, por el mal estado del símbolo. En este caso el Ayuntamiento no la destruyó, sino que la desplazó hasta una de las paredes del mausoleo municipal donde descansan los clérigos fallecidos. El tribunal detectó un defecto de forma y la cruz ha tenido que ser recolocada en su ubicación original a la entrada de la ermita del Calvari. La rectificación es el resultado de cinco años de batalla judicial por parte de Abogados Cristianos, que recurrió la decisión en los tribunales en 2019.
El escaso aprecio social que en no pocas ocasiones se manifiesta hacia las cruces que se van a retirar es signo, sin duda, de una indudable pérdida de sensibilidad religiosa. El carácter sagrado que este símbolo podía tener hace unas décadas parece haberse diluido notablemente. Hace no tantos años, la imagen de una cruz derribada por una excavadora hubiera herido la mirada de casi todo el mundo. Hoy, en cambio, cada vez más personas lo contemplan con desapego y sin excesivo escándalo.
Pero no en todas partes es así. En Callosa de Segura, los vecinos vivieron apasionadamente la batalla en defensa de su cruz e incluso llegaron a hacer turnos día y noche para evitar que las máquinas pudieran derribarla. Su batalla terminó en derrota, pero ni aun así se rindieron. Sustituyeron la cruz destruida por otra de madera, que el Ayuntamiento volvió a retirar. Como respuesta, una vecina proyectó sobre el lugar, desde su casa, una silueta de la cruz, pero el ayuntamiento la obligó a renunciar y la multó por «contaminación luminosa!. Este es uno de esos casos en los que el derribo no resultó indiferente. Y, además, ahora se abre la vía para una posible restitución, que ha sido reclamada a la Consejería de Cultura de Valencia por la Diputación de Alicante, con una mayoría de votos del PP y de VOX.
Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia sobre el Catálogo de Vestigios Franquistas de esa comunidad descalifica la inclusión de cruces que hubieran sido previamente resignificadas o que carecieran de inscripción. Esta doctrina abre la puerta a pedir la restitución de las cruces derribadas en Callosa de Segura, en Alicante, pero también la Cruz de Ribalta y la Cruz de Vall de Uxó, ambas en Castellón.
Esta última, que fue derribada en 2018, carecía desde el año 1979 de cualquier inscripción que pudiera vincularla al régimen franquista, por lo que Abogados Cristianos ha pedido la nulidad de la actuación y que la cruz se reponga. En el caso de la Cruz de Ribalta existe una resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Castellón, de junio del año pasado, que anula la retirada del símbolo por tratarse de una cruz «desnuda, carente de inscripción alguna que permita considerarla como uno de los elementos de exaltación de la dictadora». Este fallo ha sido recurrido por dos asociaciones de memoria histórica por lo que todavía no tiene carácter definitivo.
Episodios como el de Dueñas —cuyo ayuntamiento aprobó la propuesta de derribo con un solo voto el de IU, gracias a la abstención de los tres concejales del PP— evidencian la existencia de posiciones contradictorias dentro del Partido Popular. En algunos casos, ha ayudado a frenar derribos, o los ha evitado. Pero en no pocos los ha permitido, o propiciado. «El PP cada vez tiene una posición más activa a favor del derribo de cruces, lo que es sorprendente porque todavía tienen en sus estatutos la defensa del humanismo cristiano», opina la presidenta de FEAC.
Un ejemplo más: el caso de la cruz del Parque de Ribalta, en Castellón. Retirada por la izquierda (se conserva en una parroquia), la nueva corporación del PP se ha negado a recolocarla alegando que la decisión judicial que anula su retirada no es firme. Abogados Cristianos se ofreció a correr con todos los gastos de la restitución, por si un fallo posterior pudiera mantener la decisión inicial, para que la restitución provisional no produjera quebranto a las arcas municipales. Pero ni aun así.
