El acuerdo cerrado este jueves por el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno contempla una ley de amnistía que, según apunta, podría acabar incluyendo los supuestos casos de «lawfare» entre los que se contarían los del abogado Gonzalo Boye, la presidenta de Junts, Laura Borràs, o el clan Pujol.
Justifican la ley de amnistía en la necesidad de «procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato». Y precisan que, para ello, «debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos».
Respecto a Boye, el abogado de Puigdemont, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) confirmó en noviembre de 2022 la decisión del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de enviarle a juicio por un delito de blanqueo de dinero en el marco de la conocida como ‘Operación Mito’ en la que también están procesados el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo —‘Sito Miñanco’— y otras 47 personas.
La instructora del sumario, María Tardón, procesó en 2021 al abogado por su participación en el operativo para recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros de la organización de ‘Sito Miñanco’ en el aeropuerto de Barajas. Fiscalía pide que sea condenado a nueve años de cárcel.
Asimismo, la condena por prevaricación y falsedad documental a Borràs también entraría en la ecuación. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña la condenó el pasado marzo a 4 años y medio de prisión y 13 años de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018.
El marco temporal al que se circunscribe la ley de amnistía —de 2012 a 2023, según ha anunciado el PSOE— también alcanzaría la causa relacionada con el que fuera presidente de Cataluña entre 1980 y 2003, Jordi Pujol, y sus siete hijos.
La familia está a la espera de juicio por formar una organización criminal «sistémica» que se aprovechó de «su posición privilegiada» en la vida política, social y económica catalana para acumular un «patrimonio desmedido».
Anticorrupción pide 9 años de cárcel para Jordi Pujol y hasta 29 para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. Para el resto del clan las penas van de los 14 a los 8 años. La Abogacía del Estado, en cambio, no se dirige contra el patriarca, pidiendo 25 años de cárcel para su hijo mayor y entre 4 y 17 años y medio para los demás.
