El Grupo Parlamentario Popular llevará al Pleno de las Cortes de Castilla y León este miércoles una proposición no de ley (PNL) para manifestar su rechazo a la proposición de ley de amnistía presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados y para iniciar la «impugnación inmediata» de la misma mediante recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de la futura norma.
Así consta en la propuesta de resolución de la PNL registrada por el Grupo Parlamentario Popular en solitario para reafirmar un «compromiso con la igualdad de todos los españoles ante la Ley, con la defensa de la Constitución Española y con el resto del ordenamiento jurídico como garantes del Estado Social y Democrático de Derecho y de los valores superiores que representa».
La propuesta de resolución de la PNL consta de cuatro puntos, el primero para instar a la Junta a defender los intereses de los castellanos y leoneses ante el Gobierno de España y para que, en
consecuencia, adopte «las medidas que se consideren oportunas y necesarias» en los ámbitos institucional, ejecutivo y jurisdiccional en las distintas instancias españolas y de la UE.
Pide evitar agravios de cualquier índole o discriminación a la Comunidad Autónoma «otorgando privilegios a otros territorios o ciudadanos incompatibles con nuestro marco constitucional» e insta también a la Junta a requerir formalmente al presidente del Gobierno «la inmediata convocatoria» de la Conferencia de Presidentes «para tratar la ruptura de la cohesión territorial y el equilibrio socioeconómico entre las comunidades autónomas» que conviven en España.
En el segundo punto insta a la Junta a rechazar la proposición de Ley de Amnistía presentada por el Grupo Socialista en el Congreso «por las mismas razones por las que los propios socialistas la rechazaron hasta el día de las elecciones generales, es decir, porque contraviene de forma radical nuestro sistema constitucional».
El PP apuesta por iniciar el procedimiento para la «impugnación inmediata» mediante recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de la futura fundamentado en que no cabe en el ordenamiento excepcionar la legalidad vigente «ni la derogación retroactiva puntual de normas que sirvieron y sirven para condenar actos ilícitos cometidos contra el propio ordenamiento».
En el tercer punto de la propuesta de resolución piden mostrar su «más firme rechazo» al intento de injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial y las decisiones jurisdiccionales de este «que, tal y como han denunciado todas las asociaciones de jueces y magistrados, así como el propio Consejo General del Poder Judicial, pretenden socavar y desvirtuar la acción de la justicia, quebrando la separación de poderes, la independencia del poder judicial y el control de legalidad».
Finalmente, piden rechazar el acuerdo entre Junts y PSOE para la constitución de un mecanismo de negociación con verificadores internacionales sobre el reconocimiento nacional de Cataluña y,, en concreto, reiteran su oposición a la celebración «de cualquier clase de referéndum» que afecte a los títulos preliminar y octavo de la Constitución Española,» en especial a la indisoluble unidad de España y al concepto de soberanía, con independencia de quien lo promueva, para plante».
