El plan de regularización masiva de inmigrantes ilegales aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez con sus socios separatistas tuvo su origen en Marrakech (Marruecos) hace ya ocho años, cuando España respaldó el denominado Pacto Mundial para la Migración impulsado por ONU. Aquel acuerdo internacional, defendido entonces por el Ejecutivo socialista, sentó las bases de una política migratoria basada en la ampliación de derechos y en la normalización de los flujos migratorios a gran escala.
El documento fue avalado en diciembre de 2018 por el entonces ministro de Exteriores,Josep Borrell, quien defendía en un artículo público que la migración debía entenderse «como un fenómeno estructural y no como una amenaza». En ese contexto, el pacto apostaba por reforzar la cooperación internacional, facilitar vías legales de movilidad y garantizar el acceso de los inmigrantes a servicios básicos en los países de destino.
Aquel compromiso internacional, suscrito en la ciudad marroquí de Marrakech por más de 160 países, incluía una batería de 23 objetivos orientados a transformar la gestión migratoria global. Entre ellos figuraban la promoción de la regularización, la protección de derechos durante todo el proceso migratorio y el impulso de políticas que favorecieran la integración social y laboral de los migrantes. Cabe destacar que, con la llegada de gobiernos patrióticos a Occidente, una parte importante se han retirado del acuerdo.
Con el paso de los años, ese marco teórico ha ido trasladándose progresivamente a la política nacional española. La actual iniciativa del Gobierno, que contempla la regularización de cientos de miles de inmigrantes en situación ilegal, se interpreta por diversos analistas como una concreción práctica de aquellos principios adoptados en el seno de la comunidad internacional.
El Ejecutivo defiende que esta medida responde a necesidades económicas y demográficas, en línea con los argumentos ya esgrimidos en 2018, cuando se subrayaba el papel de la inmigración en la sostenibilidad del mercado laboral y en el equilibrio poblacional. Sin embargo, la decisión ha reavivado el debate político en España, con críticas desde la oposición, que cuestiona tanto el alcance de la regularización como sus posibles efectos.
En el trasfondo de esta controversia se encuentra la evolución de la política migratoria europea y el papel de España dentro de ella. Desde la firma del pacto, distintos gobiernos han insistido en la necesidad de una gestión coordinada de los flujos migratorios, aunque no todos los países han seguido la misma línea, generando divisiones dentro de la Unión Europea.
Mientras tanto, el Gobierno español mantiene que su estrategia se ajusta a compromisos internacionales previamente adquiridos y que busca ordenar una realidad ya existente. Así, lo que comenzó como un acuerdo global en Marrakech ha terminado influyendo directamente en decisiones concretas dentro de la política interna española, evidenciando la conexión entre los marcos multilaterales y las medidas adoptadas a nivel nacional.
